Los pequeños productores de banano de Zona Bananera afectados por los fuertes vientos registrados durante 2026 conservarán las medidas judiciales de protección relacionadas con la entrega de ayudas humanitarias y la recuperación de su capacidad productiva, luego de que el Consejo de Estado mantuviera el amparo concedido por el Tribunal Administrativo del Magdalena.
La decisión busca garantizar los derechos fundamentales a la alimentación, el trabajo y el mínimo vital de los productores afiliados a cuatro cooperativas, siempre que se encuentren incluidos en el censo oficial de personas damnificadas por los fenómenos naturales que afectaron sus cultivos y fincas.
Entre las disposiciones que se mantienen está la entrega de ayudas humanitarias a los beneficiarios y la formulación de un plan que permita recuperar la capacidad productiva de las unidades agrícolas afectadas por los fuertes vientos.
Plan para recuperar los cultivos
De acuerdo con la decisión judicial, el municipio de Zona Bananera deberá avanzar en la elaboración de un plan de recuperación que precise las acciones que se ejecutarán, los responsables de su cumplimiento y los recursos necesarios para desarrollar las medidas previstas.
La disposición busca que los pequeños productores puedan avanzar en la recuperación de sus actividades agrícolas, afectadas por las condiciones climáticas registradas durante el año, y contar con medidas orientadas a proteger sus medios de subsistencia.
El amparo judicial representa un respaldo para los productores incluidos en el censo oficial de damnificados, quienes dependen de la actividad bananera para sostener sus hogares y mantener sus ingresos.
Créditos quedaron por fuera del amparo
No obstante, el Consejo de Estado declaró improcedentes por vía de tutela las solicitudes relacionadas con créditos y alivios financieros. Por esta razón, la decisión no ordenó directamente la refinanciación de las deudas adquiridas por los productores afectados.
Este aspecto marca una diferencia entre las medidas de protección que se mantienen vigentes y las pretensiones financieras que no fueron concedidas mediante este mecanismo judicial.
Finalmente, el expediente será remitido a la Corte Constitucional para su eventual revisión, instancia que podrá determinar si el caso reúne las condiciones para ser seleccionado y examinado.
