El trabajo de verificación no se limitará a constatar si las cámaras están autorizadas. Cada entidad, dentro de sus competencias, examinará el sustento técnico y legal de los equipos, considerando variables como la siniestralidad registrada en el corredor, los límites de velocidad establecidos, la señalización existente y las condiciones particulares de la vía donde opera cada sistema.
Las cámaras de fotodetención electrónica, llamadas popularmente como ´fotomultas´, tienen los días contados bajo el gobierno de ´El Tigre´. En términos sencillos para que la gente lo entienda: acabará con el negocio. Sí, acabará con el multimillonario negocio que se regó como pasto silvestre por todo el territorio nacional.
Alcalde que se respete, tiene montado su negocio de fotomultas. Una o dos cámaras le cambian la vida financiera al alcalde y desde luego al concesionario. No nos digamos mentiras. Eso es lo que viene ocurriendo desde hace dos décadas cuando comenzaron a aparecer de manera tímida, bajo la mampara de que contribuye a reducir la siniestralidad y educar a los conductores. Pues bien. Después de 20 años no ocurrió ni lo uno ni lo otro. Hoy los muertos en las vías se cuentan por montones y en cuanto a lo segundo, el ocultamiento de las placas, de motos o de carro para evadirlas es una muestra sencilla de que tampoco contribuyó a mejorar el comportamiento del conductor. Lo único que sí mejoró fue el bolsillo de quien la recauda, uy quien debe compartir un porcentaje o una comisión por quien le dio la concesión o autorizó su existencia (la de la fotomulta).
EL TRAMACAZO
La jefe de la cartera de Transporte, Elsa Noguera, afirmó que la detección electrónica debe prevenir siniestros y salvar vidas, y no ser un mecanismo de recaudo e irá mas profundo, revisarán si hay abusos o irregularidades.
Tras la instrucción del presidente, Abelardo de la Espriella, el Ministerio de Transporte adelantará una revisión integral para garantizar que las cámaras de fotomultas protejan la vida y “no se conviertan en mecanismos de recaudo”.
El mandatario hizo la solicitud tras el anuncio de esta cartera de suspender la entrada en operación de tres nuevas cámaras de velocidad en la Vía al Mar.
En este mismo sentido, la ministra de Transporte, Elsa Noguera, aseveró que “la detección electrónica debe prevenir siniestros y salvar vidas, no convertirse en un mecanismo de recaudo a costa de los ciudadanos”.
De hecho, agregó que “la seguridad vial no se resuelve únicamente instalando cámaras. Las decisiones deben responder a las condiciones reales de cada corredor y estar sustentadas técnicamente. La protección de la vida estará siempre por encima de cualquier interés económico”.
Por tanto, anunció que revisarán a fondo su funcionamiento en todo el país. “Donde encontremos abusos o irregularidades o incumplimientos, actuaremos con la contundencia que corresponde”, afirmó.
¿QUÉ REVISARÁN?
La cartera de Transporte señaló que revisarán que los sistemas estén autorizados y cuenten con sustento técnico y legal, considerando la siniestralidad, los límites de velocidad, la señalización y las condiciones de cada corredor.
También examinará la regulación para establecer criterios más exigentes y garantizar que las nuevas cámaras respondan a necesidades reales y técnicamente demostradas de seguridad vial.
“El Gobierno priorizará soluciones integrales de ingeniería, señalización, pedagogía y control para reducir riesgos y proteger la vida en las vías”, remató la cartera.
NO MÁS ABUSOS
Mientras tanto el presidente Abelardo De la Espriella dio su respaldo a la decisión de su ministra Elsa Noguera y exigió una revisión nacional de las fotomultas: “Ya está bueno de tantos abusos”, dijo.
La instalación de nuevas cámaras de fotomultas en la Vía al Mar, que conecta Barranquilla con Cartagena, desató una ola de críticas y reacciones que llevó a la ministra de Transporte, Elsa Noguera, a solicitar la suspensión de la entrada en operación de tres dispositivos adicionales.
La decisión se produjo tras denuncias ciudadanas y reclamos de gremios turísticos y empresariales por lo que consideran una proliferación excesiva de estos mecanismos en el corredor vial.
La ministra Noguera anunció en sus redes sociales: “Siete cámaras de velocidad en la autopista Barranquilla–Cartagena son excesivas. Por eso, ante el conflicto de competencias existente, solicitamos a la Agencia Nacional de Seguridad Vial suspender la entrada en operación de las tres nuevas cámaras autorizadas, que se sumarían a las cuatro actuales”. Subrayó que la función de la fotodetección debe ser estrictamente preventiva y no recaudatoria: “La detección electrónica debe prevenir siniestros y salvar vidas, no convertirse en un mecanismo de recaudo. Priorizaremos soluciones integrales de ingeniería, señalización, pedagogía y control”.
El pronunciamiento se da luego de que usuarios de la vía y gremios como Cotelco manifestaran su inconformidad por el impacto de las cámaras en la movilidad y el turismo. Mario Muvdi, presidente de la Asociación Hotelera y Turística de Colombia en el Atlántico, advirtió: “Perjudica a los turistas que llegan a Barranquilla por tierra, porque el viaje será más demorado. Si ponen multa, la gente va a molestarse y va a evitar viajar, y eso sí nos va a perjudicar, porque parece que fueran a cazar multas. No es lógico ni justo”. Otros líderes empresariales reclamaron una política integral que combine pedagogía, señalización y control para no afectar la imagen del Atlántico como territorio turístico y de negocios.
En la Vía al Mar existen actualmente cuatro cámaras de velocidad: en la sede de la Universidad Sergio Arboleda, el puente de Puerto Colombia, el sector Olas Inn y cerca del complejo residencial Aguamarina Beach Resort. Las nuevas cámaras, ahora suspendidas, se ubicarían en la entrada de Playa Mendoza, el Sombrero Vueltiao y el Volcán del Totumo, en los límites de Atlántico y Bolívar. De acuerdo con el Instituto de Tránsito del Atlántico, la instalación responde a estudios técnicos sobre accidentalidad y flujo vehicular; sin embargo, las cifras muestran que las víctimas por siniestros viales en el Atlántico aumentaron 20 % entre 2024 y 2025.
MOLESTIA CIUDADANA
La molestia ciudadana se ha incrementado por la percepción de que la fotodetección se ha transformado en un sistema recaudatorio y no preventivo. La ministra de Transporte enfatizó en un comunicado oficial: “La seguridad vial no se resuelve únicamente instalando cámaras. Las decisiones deben responder a las condiciones reales de cada corredor y estar sustentadas técnicamente. La protección de la vida estará siempre por encima de cualquier interés económico”.
El presidente Abelardo de la Espriella apoyó instrucción de MinTransporte sobre revisión de fotomultas
De La Espriella, publicó: “Ministra @elsanoguerabaq, ese es el camino. Ya está bueno de tantos abusos. Le pido que revise a fondo el funcionamiento y la legalidad de todas las fotomultas en el territorio nacional. Estos mecanismos deben servir para proteger la vida y mejorar la seguridad vial, no para convertirse en una trampa contra los ciudadanos ni en un negocio a costa de su bolsillo”. El mandatario insistió: “Donde haya irregularidades, abusos o sistemas diseñados con fines meramente recaudatorios, hay que actuar con contundencia. No podemos permitir más atropellos contra los colombianos. El Estado está para servir al ciudadano, no para abusar de él”, sostuvo el Jefe del Estado.
La controversia trascendió el ámbito regional y fue abordada por el ministro del Interior, Rodrigo Lara, quien afirmó: “En todo el país, incluyendo particularmente a Bogotá, muchas cámaras de fotomultas están diseñadas para convertirse en meras trampas para esquilmar el bolsillo de los ciudadanos. Ya era hora de que llegara un gobierno a ponerle freno a estos abusos”.
Mientras tanto, los gremios económicos y turísticos piden que cualquier medida de control vial esté respaldada por señalización clara, campañas pedagógicas y criterios técnicos transparentes. Zandra López, del Comité Intergremial Unidos por el Atlántico, solicitó: “Barranquilla y el Atlántico quieren consolidarse como territorios turísticos, comerciales, empresariales y de eventos. Por ello, debemos procurar que quienes llegan por carretera encuentren un territorio seguro, organizado y amigable, y no que su primera experiencia sea recibir una sanción de tránsito”.
REGULACIÓN FUTURA
Más allá de la revisión de los equipos ya operativos, el Ministerio anunció que también evaluará la regulación vigente para establecer criterios más exigentes de cara a la instalación de nuevas cámaras. El objetivo es que cualquier sistema futuro responda a necesidades reales y técnicamente demostradas, y no simplemente a la posibilidad de generar ingresos por comparendos. Esta revisión normativa se plantea como el componente estructural de una política que, según el Gobierno, busca trascender el caso a caso.
La cartera fue explícita sobre las prioridades que orientarán este rediseño. El Gobierno «priorizará soluciones integrales de ingeniería, señalización, pedagogía y control para reducir riesgos y proteger la vida en las vías», según el comunicado, lo que sugiere que las cámaras dejarán de ser el eje único de la estrategia de seguridad vial y pasarán a integrarse dentro de un conjunto más amplio de medidas preventivas.
La ministra Noguera, además, explicó que «la seguridad vial no se resuelve únicamente instalando cámaras. Las decisiones deben responder a las condiciones reales de cada corredor y estar sustentadas técnicamente», sostuvo, para concluir que «la protección de la vida estará siempre por encima de cualquier interés económico». Con esa declaración, el Ministerio de Transporte deja planteado el marco bajo el cual se desarrollará, en las próximas semanas, la verificación técnica y legal de los sistemas de fotodetección en todo el país.
