Más de 140.000 viviendas necesitan reparación en el país, por lo que espera se contemplen reglas especiales para acelerar la reconstrucción con soluciones diferentes para cada vivienda afectada.
La reconstrucción de las zonas golpeadas por el terremoto comienza a tomar forma en Colombia y el sector de la construcción puso sobre la mesa una de las principales discusiones para acelerar este proceso, crear medidas tributarias, financieras y administrativas especiales para facilitar la recuperación de las viviendas afectadas.
El presidente de Camacol, Guillermo Herrera, entregó el pronunciamiento en medio de un escenario en el que se analizaron las propuestas que podrían ser incorporadas a los decretos que prepara el Gobierno Nacional para enfrentar la emergencia.
Uno de los puntos centrales planteados por Camacol es la necesidad de que la reconstrucción no se maneje bajo las reglas habituales de los programas de vivienda. Para el gremio, la magnitud de la emergencia exige un mecanismo excepcional que permita responder de acuerdo con el nivel de daño de cada inmueble y con las condiciones económicas de las familias damnificadas.
Herrera explicó que el Gobierno avanza en un paquete de decretos ordinarios orientados, entre otros aspectos, a facilitar los trámites de licenciamiento y generar alivios relacionados con los servicios públicos. A esto se suma la definición de las fases de reconstrucción, que estarán determinadas por la clasificación de los daños y el registro de las personas afectadas.
“Hay que tener una solución para cada tipo de daño”, sostuvo el dirigente gremial, al insistir en que no todos los hogares necesitan la misma respuesta ya que algunos requieren reparaciones, otros reforzamientos y otros tendrán que acceder a una vivienda nueva.
¿Por qué piden un régimen especial de vivienda?
Uno de los principales argumentos del gremio es que el terremoto no afectó exclusivamente a familias de bajos ingresos. En ciudades como Pereira y Manizales, también hay hogares de clase media, incluidos sectores de estratos 3, 4 y 5, que sufrieron daños en sus viviendas y, en algunos casos, perdieron prácticamente todo su patrimonio.
Por esta razón, Camacol considera que las soluciones no deberían limitarse a los mecanismos tradicionales de vivienda de interés social. El planteamiento es crear un régimen especial de reconstrucción que permita ofrecer alternativas de financiación para reparar, reforzar, reconstruir o adquirir una vivienda nueva según las condiciones socioeconómicas de la familia afectada.
“No se pueden usar los mecanismos ordinarios”, manifestó Herrera al explicar la posición del gremio, que considera necesario diseñar herramientas específicas para la emergencia.
La discusión tiene especial importancia en Risaralda, donde Pereira ha enfrentado daños significativos en viviendas e infraestructura después del terremoto. La recuperación del patrimonio de las familias se convierte así en uno de los grandes retos de la etapa que comienza, una vez superadas las labores de atención inmediata.
La propuesta de Camacol apunta a que el Estado pueda acompañar financieramente a los hogares que perdieron su vivienda o que necesitan realizar obras de reparación. El objetivo sería evitar que familias que contaban con un patrimonio construido durante años queden sin una alternativa viable para recuperarlo.
En ese contexto, el gremio también destacó la necesidad de articular al Gobierno Nacional con alcaldías, gobernaciones, constructores, entidades financieras y organismos internacionales. La reconstrucción, según la visión planteada, requerirá una respuesta coordinada y de largo alcance.
Camacol respalda eliminar temporalmente el IVA
Otro de los anuncios que generó atención fue el respaldo explícito de Camacol a la propuesta de eliminar temporalmente el IVA de los materiales utilizados en la construcción y reparación de viviendas.
Herrera aseguró que el gremio comparte la iniciativa y considera que una exención temporal podría ayudar a reducir los costos de las obras y, al mismo tiempo, estimular la oferta de vivienda necesaria para responder a la emergencia.
“La compartimos absolutamente”, afirmó el presidente nacional de Camacol al referirse a la propuesta de retirar temporalmente el impuesto.
Para el sector, el alivio tributario debería estar acompañado de mecanismos que permitan financiar la demanda de los hogares afectados. Es decir, no bastaría con reducir el costo de los materiales si las familias no cuentan con recursos o créditos para ejecutar las obras.
Camacol también planteó mantener los incentivos tributarios existentes para el sector de la construcción y generar nuevas herramientas que permitan compensar el incremento de los costos de producción que ha enfrentado la industria en los últimos años.
Herrera sostuvo que el sector llega a esta emergencia en medio de un escenario complejo. Según las cifras mencionadas por el dirigente, durante los últimos años se perdieron más de 400 empresas dedicadas a la construcción, mientras la producción de vivienda habría alcanzado sus niveles más bajos de los últimos 15 años.
El gremio también advierte sobre los bajos márgenes de rentabilidad de una parte importante de las compañías del sector, situación que podría dificultar la capacidad de respuesta de las empresas, precisamente cuando se necesita aumentar la oferta de vivienda y acelerar las obras.
Más viviendas para reparar que para reconstruir
Aunque la emergencia también obliga a levantar viviendas nuevas, Camacol considera que la prioridad debe concentrarse inicialmente en reparar las edificaciones que todavía pueden ser recuperadas.
Las cifras entregadas por Herrera apuntan a que a nivel nacional habría más de 140.000 viviendas que necesitan arreglos tras el terremoto, frente a unas 30.000 que tendrían que ser reemplazadas por completo.
Esta diferencia es clave para definir la estrategia, pues una política concentrada únicamente en construir vivienda nueva podría dejar por fuera a miles de familias que necesitan intervenciones de reforzamiento, reparación estructural o adecuaciones, para volver a ocupar sus hogares con seguridad.
“La política se debe concentrar principalmente en la reparación de viviendas”, explicó Herrera, al destacar que las soluciones deben responder a la realidad de cada inmueble y no aplicar una fórmula única para toda la población afectada.
En Pereira y Manizales, donde el terremoto dejó un impacto importante sobre viviendas y edificaciones, esta clasificación será determinante. Las autoridades deberán establecer cuáles estructuras pueden recuperarse, cuáles requieren intervenciones mayores y cuáles deben ser demolidas para dar paso a nuevos proyectos.
El proceso también estará relacionado con los planes de renovación urbana que se comienzan a discutir para algunos sectores afectados. La emergencia, además de representar una tragedia para miles de familias, abre el desafío de reconstruir con mejores condiciones de seguridad y planificación.
Para Camacol, la reconstrucción debe convertirse en una oportunidad para recuperar el patrimonio de los damnificados, reactivar la construcción y generar empleo, pero bajo reglas especiales que respondan a la dimensión de la emergencia.
El Gobierno Nacional, entretanto, avanza en la preparación de decretos para facilitar los procesos de licenciamiento y definir mecanismos de atención. El sector constructor espera que estas medidas permitan reducir los tiempos y eliminar obstáculos que puedan retrasar las obras.
La discusión apenas comienza, pero el mensaje del gremio es claro, la reconstrucción necesitará menos trámites, alivios tributarios, financiación y soluciones diferentes según el daño de cada vivienda.
En Risaralda, donde Pereira se encuentra entre los territorios que afrontan importantes retos de recuperación, estas decisiones serán determinantes para que miles de familias puedan volver a recuperar no solamente un techo, sino también buena parte del patrimonio que construyeron durante años.
