La ministra de Salud, Ana María Vesga, reveló hallazgos en un contrato de logística suscrito el 28 de abril de 2026 para organizar eventos de la entidad. Según la funcionaria, el presupuesto inicial de $1.750 millones se agotó en menos de dos meses y posteriormente fue ampliado en $490 millones.
La ministra de Salud, Ana María Vesga, denunció una serie de presuntas irregularidades en el manejo de un contrato de logística del Ministerio de Salud, firmado durante la administración anterior, por un valor que llegó a los $2.240 millones para la organización de eventos institucionales hasta diciembre de 2026.
Según la ministra el contrato fue suscrito el 28 de abril de 2026 por un valor inicial de $1.750 millones. Sin embargo, en menos de dos meses se habría comprometido la totalidad de esos recursos, por lo que la administración anterior decidió adicionar otros $490 millones, elevando el presupuesto total a $2.240 millones.
La ministra señaló que, durante la revisión del contrato, también encontraron cuentas pendientes de pago por $1.798 millones, con el visto bueno de la supervisión contractual. No obstante, advirtió que no se hallaron soportes suficientes que permitieran demostrar el cumplimiento de todas las condiciones exigidas para la programación y ejecución de las actividades.
«Encontramos algo más preocupante: al 7 de agosto había cuentas pendientes de pago por 1.798 millones de pesos con el visto bueno de la supervisión del contrato. Sin embargo, no encontramos soportes suficientes que demostraran el cumplimiento de todas las condiciones exigidas para programar esas actividades», manifestó Vesga.
MinSalud cuestiona la ejecución y planeación del contrato
Otro de los aspectos señalados por la ministra tiene que ver con las dificultades de planeación que, según explicó, impidieron la realización de otros eventos previstos por el Ministerio de Salud.
Ante estos hallazgos, la funcionaria planteó interrogantes sobre la manera en que se utilizaron los recursos públicos, las personas que autorizaron las actividades y los responsables de verificar que los servicios contratados realmente se hubieran prestado.
Entre las principales inquietudes están las razones por las cuales se agotó en tan poco tiempo el presupuesto inicial, la justificación de la adición de recursos y la existencia de documentación que acreditara la ejecución de las actividades y el cumplimiento de las obligaciones contractuales.
La ministra insistió en que los recursos destinados a la salud deben manejarse bajo criterios de transparencia, con controles que permitan verificar cada gasto y garantizar que los servicios pagados efectivamente se hayan prestado.
Denuncias ante la Fiscalía por contratos de logística que superan los $20.000 millones
La ministra también relacionó los hallazgos con denuncias penales que ya fueron presentadas ante la Fiscalía General de la Nación por contratos de logística suscritos entre 2023 y 2026, cuyo valor acumulado ascendería a $20.200 millones.
Según explicó, estas denuncias incluyen señalamientos sobre el posible uso de bienes y servicios pagados con recursos públicos para actividades relacionadas con campañas electorales.
Vesga aclaró que los hechos mencionados no constituyen irregularidades probadas y que corresponde a las autoridades competentes adelantar las investigaciones para establecer si existieron responsabilidades.
«No estamos afirmando que estos hechos ya estén probados, estamos exigiendo que se investiguen», precisó la ministra.
Hallazgos fueron trasladados a las autoridades disciplinarias
Como parte de las actuaciones frente a las situaciones identificadas, el Ministerio de Salud informó que trasladó los hallazgos a las autoridades disciplinarias competentes para que se adelanten las verificaciones correspondientes y se determinen las posibles responsabilidades.
La funcionaria reiteró que la administración de los recursos públicos exige transparencia, planeación y mecanismos efectivos de supervisión, especialmente cuando se trata de dineros vinculados al sector salud.
«La plata de la salud no puede manejarse sin controles, cada peso debe estar justificado y cada servicio debe poder demostrarse», concluyó la ministra.
Por ahora, los hallazgos expuestos por la ministra de Salud deberán ser evaluados por las autoridades correspondientes, que tendrán la responsabilidad de establecer si hubo incumplimientos contractuales, irregularidades en la ejecución de los recursos o posibles conductas con implicaciones disciplinarias o penales.
