Jueces y fiscales protestan ayer en el departamento del Magdalena contra el tijeretazo presupuestal y la Ley de Rescate Económico. Asonal Judicial descartó por ahora un paro indefinido, pero anunciaron nuevas movilizaciones para el 19 y 20 de noviembre.
Reuniones y concentraciones en diferentes sedes judiciales de Santa Marta, los empleados de la Rama Judicial se sumaron ayer martes a un cese de actividades de 24 horas convocado a nivel nacional por Asonal Judicial, en protesta por la reducción del presupuesto destinado al funcionamiento de la justicia para la vigencia 2027 propuesto por el Gobierno Nacional.
La jornada se desarrolló mediante asambleas informativas en los despachos del distrito judicial de Santa Marta y el departamento del Magdalena. En la capital del Magdalena, los trabajadores se concentraron en el edificio de los juzgados ‘Juan Benavides Macea’; en el edificio Vives, donde funciona el Consejo Superior de la Judicatura, parte del área administrativa, y en el Palacio de Justicia. También se sumaron funcionarios de otras sedes judiciales, entre ellas los juzgados administrativos y el Tribunal.
´LA TOGA EN PIE´
La jornada, llamada “La toga en pie”, fue convocada por el Colegio de Jueces y Fiscales y por Asonal Judicial. Según la invitación, el acto buscaba defender “a quienes sostenemos día a día la administración de justicia”.
Se hizo en las entradas de las sedes judiciales, con silencio y sin discursos como un gesto simbólico.
Un directivoc de Asonal Judicial, explicó las demandas en dos frentes: uno económico y otro político.
El primero es el presupuesto. Para la vigencia del año 2027, el Consejo Superior de la Judicatura identificó necesidades de financiación por $17,53 billones de pesos, mientras que el proyecto de Presupuesto General de la Nación (PGN) presentado e incorporado por el Gobierno asignó inicialmente $11,53 billones de pesos.
El sindicalista advierte que ese recorte impediría crear nuevos despachos y plazas de jueces y fiscales, en un sistema que, según él, ya está congestionado.
El segundo punto es salarial. Asonal pide proteger la bonificación judicial, que busca compensar la pérdida de poder adquisitivo, para que sea factor salarial en todos los efectos, y rechaza el artículo 206 del proyecto de Ley de Rescate Económico, que, según Mariano, cambiaría los gastos de representación de jueces y magistrados.
Jueces, magistrados, fiscales, procuradores e incluso rectores y profesores universitarios perderían el beneficio que actualmente les permite tratar como exento de renta el 25 y hasta el 50% de su salario.
Otros reclamos son más personales para la Fiscalía. Según él, la mayoría de los fiscales trabaja sin asistentes y con mejores condiciones laborales y de salud mental. En Colombia hay 11 jueces por cada 100.000 habitantes.
El segundo frente es político. El directivo defendió una justicia “soberana, popular y democrática”, independiente de los demás poderes, y dijo que el sindicato propuso al Gobierno discusiones en los territorios para definir qué justicia necesita el país.
Asonal lamentó que hasta ahora no han recibido respuesta del Gobierno. Lo único que conocen son contactos entre el Consejo Superior de la Judicatura y las autoridades nacionales.
VOLVERÁN A PROTESTAR
Asonal no ve condiciones para un paro indefinido, pero sí para protestar el 19 de noviembre, cuando la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) convoca a un paro nacional, con la mira de llegar al 20 de noviembre.
Recordemos que la propuesta de Ley de Rescate Económico afecta los salarios del sector judicial, por cuanto el proyecto busca derogar las exenciones del impuesto sobre la renta por concepto de gastos de representación. Actualmente, los jueces pueden eximir de renta el 25 % de su salario, mientras que magistrados, fiscales, procuradores y profesores universitarios cuentan con un 50 % de exención.
José Manjarrez, secretario de Asonal Judicial, subdirectiva Magdalena, explicó que la decisión responde a la preocupación del sector por las consecuencias que tendría el recorte presupuestal sobre la capacidad operativa de los despachos y la prestación del servicio a los ciudadanos.
Según el dirigente sindical, durante las 24 horas de protesta no se prestó atención al público, ni de manera presencial ni virtual. La única excepción correspondió a los asuntos constitucionales considerados prioritarios, como las acciones de tutela con solicitud de medida provisional y los recursos de hábeas corpus.
PREOCUPACIÓN POR CONGESTIÓN JUDICIAL
Manjarrez advirtió que la reducción de recursos se presenta en un momento en el que los despachos enfrentan una elevada carga laboral, especialmente por el incremento de las acciones constitucionales relacionadas con las dificultades del sistema de salud.
“Esta situación no solamente representa un mayor volumen de tutelas, sino también de incidentes de desacato, consultas derivadas de estos procedimientos y otros trámites que demandan tiempo y capacidad de respuesta de los funcionarios judiciales”, detalló el dirigente sindical.
A juicio del representante de Asonal Judicial, un menor presupuesto podría profundizar las dificultades que actualmente enfrenta la administración de justicia y terminar afectando indirectamente a los usuarios, quienes dependen de una respuesta oportuna de los diferentes despachos.
La jornada fue acogida por las distintas seccionales de Asonal Judicial siguiendo la línea de su dirección nacional, encabezada por el presidente Jairo Amézquita.
Con esta protesta, los trabajadores buscaron llamar la atención del Gobierno nacional sobre la necesidad de garantizar los recursos que requiere la Rama Judicial para mantener su funcionamiento y responder a la creciente demanda de servicios de justicia en el país.
