La Defensoría del Pueblo ha identificado una grave situación de hacinamiento en un edificio adaptado como centro de detención transitorio en Santa Marta, donde actualmente permanecen más de 300 personas privadas de la libertad, en un espacio que solo tiene capacidad para 100.
Durante una visita de verificación realizada junto a la Procuraduría General de la Nación, se constató no solo el alarmante nivel de sobrepoblación, sino también fallas estructurales en la edificación que representan un riesgo para la integridad física y psicológica de los internos.
BARRERAS EN SALUD
En temas de salud, la Defensoría del Pueblo ha identificado diversas barreras que limitan el acceso a una atención integral, oportuna y de calidad para las personas privadas de la libertad en Colombia. Entre las principales problemáticas identificadas se encuentran, el alta de contratación con la red externa para todos los niveles de complejidad en salud, lo que restringe el acceso a servicios especializados,
Asimismo, el órgano institucional, ha evidenciado a nivel nacional la insuficiencia de medicamentos para tratamiento de enfermedades, la escasez de vehículos, personal de custodia y presupuesto para el traslado de los internos a centros de salud externos, también la deficiencia en equipos médicos y odontológicos en buen estado y problemas de coordinación entre las entidades aseguradoras y prestadoras de servicios de salud, dificultando el acceso a los servicios para la población penitenciaria.
En ese sentido, como entidad garante de los derechos humanos, y en cumplimiento de la misión de velar por el respeto y protección de los derechos de las personas privadas de la libertad, la Defensoría ha solicitado a la administración distrital de Santa Marta que adopte medidas urgentes para trasladar a estas personas a un lugar que garantice condiciones dignas, seguras y adecuadas para su permanencia.
