A través de un fallo de segunda instancia, el Tribunal Administrativo de Putumayo confirmó la suspensión provisional del plan piloto de aspersión aérea de cultivos ilícitos con glufosinato de amonio, autorizado por el Consejo Nacional de Estupefacientes.
La decisión, contenida en la sentencia del 3 de noviembre de 2026, ordena al Consejo Nacional de Estupefacientes, al Ministerio de Justicia, al Ministerio de Defensa y a la Dirección de Antinarcóticos de la Policía Nacional suspender provisionalmente la ejecución material de las actividades de aspersión aérea contempladas en la Resolución 0007 de 2026.
En esta nueva decisión, el tribunal precisó que la medida tendrá una vigencia máxima de cuatro meses, tiempo en el que los habitantes y organizaciones que presentaron las tutelas deberán acudir a otro proceso judicial para que un juez estudie de fondo si el plan de fumigación cumple los requisitos legales y si puede poner en riesgo a las comunidades.
El tribunal también pidió a las entidades del Gobierno y a las autoridades ambientales y sanitarias que sigan revisando la información que respalda el plan piloto. En particular, les advirtió que deben actuar si encuentran fallas en los estudios o identifican riesgos que puedan afectar la salud de las personas, el medioambiente, las fuentes de agua o los derechos de las comunidades.
Uno de los puntos que sigue sin resolverse es la falta de un concepto específico del Instituto Nacional de Salud (INS) sobre los posibles efectos del glufosinato de amonio en la población.
A esto se suman las dudas planteadas durante el proceso sobre el cumplimiento de los requisitos ambientales y la participación de las comunidades que podrían verse afectadas.
El caso comenzó con varias tutelas presentadas por habitantes y organizaciones del Putumayo, que cuestionaron que el Gobierno pudiera iniciar las fumigaciones sin demostrar que había cumplido las condiciones necesarias para proteger la salud y el medioambiente.
En septiembre pasado, el Juzgado Segundo Administrativo de Mocoa ordenó mantener suspendido el plan piloto porque consideró que no había pruebas suficientes de que se hubieran cumplido todos esos requisitos.
Varias entidades del Gobierno impugnaron la decisión y defendieron el programa, argumentando que la operación todavía no había comenzado y que las aspersiones se realizarían en zonas delimitadas, sin intervenir áreas protegidas, resguardos indígenas, consejos comunitarios ni territorios vinculados a programas de sustitución de cultivos.
/colprensa
