Mario Urán es un nombre que a muchos colombianos no les dirá nada, pero desde este jueves está en el centro de los cuestionamientos, luego de que el presidente le prohibió a los interventores de las EPS tener reuniones, sostener encuentros o mantener cualquier tipo de interlocución con él, a quien llamó el “siniestro”.
El mandatario advirtió que se acaban las mafias y la corrupción en el sistema de salud, agregando que «Quien incumpla esta instrucción será separado inmediatamente de sus funciones”.
A través de su cuenta oficial, el presidente insistió en que mantendrá su vigilancia en el sistema de salud para que «no se siga jugando con la salud y la vida de los colombianos. Los recursos son sagrados”.
QUIEN ES MARIO URÁN
El nombre de Mario Andrés Urán ha desfilado por los pasillos de los últimos superintendentes de salud durante el gobierno Petro, desde Luis Carlos Leal hasta el exalcalde Daniel Quintero.
Urán es médico cirujano de 54 años nacido en Medellín, pero criado en la costa Caribe. Ha sido un lobista y ha estado vinculado a empresas del sector de la salud, con varias denuncias en su contra.
En su momento, Leal señaló a Urán de ser el hombre detrás de una red de corrupción que direccionaba contratos de EPS intervenidas, a través de su cargo como asesor en la EPS Coosalud.
En ese momento, se dijo que Urán, al parecer, habría accedido a información crítica para acceder a fondos de las empresas Coosalud, Servicio occidental de Salud, Asmet Salud EPS y Emssanar EPS para desviarlos a paraísos fiscales.
El nombre de Urán volvió a salir cuando Daniel Quintero llegó a la Supersalud y lo denunció por su responsabilidad en un contrato irregular de 180.000 millones de pesos para la empresa Papeles Aurora a través de la EPS SOS.
Para lograr este desvío, se habrían creado “oficinas paralelas de contratación”, en donde la auditoría forense encontró que el mismo patrón se repitió con otras firmas como Efeso y Grief Services.
Además, se detectó que recursos que solo deben usarse para atender pacientes, fueron usados ilegalmente para garantizar créditos bancarios que terminaron beneficiando a socios privados.
En su momento, el superintendente denunció que el sistema pagó 1.4 billones de pesos por supuestos servicios prestados a más de 308.000 personas que ya habían fallecido.
/colprensa
