El 76,6% de las personas privadas de la libertad en centros de detención transitoria duerme en el piso, según un informe de la Defensoría del Pueblo sobre las condiciones de reclusión en Colombia durante el primer semestre de 2026.
La entidad presentó su Informe de Contraste al XX Informe del Gobierno nacional sobre el estado de cosas inconstitucional en el Sistema Penitenciario y Carcelario, en el que visitó 30 establecimientos de reclusión del orden nacional (ERON) y 94 centros de detención transitoria (CDT).
De acuerdo con las cifras presentadas a partir de 1.015 entrevistas en los centros transitorios y 357 en las cárceles, el 35,2% de quienes se encontraban en los CDT y que solicitaron atención médica no la recibieron, mientras que el 10,6% reportó haber sido víctima de maltrato, y otro 43,7% de la población consultada reportó necesitar medicamentos de manera permanente, pero en su gran mayoría, los terminan recibiendo dentro de las 72 horas posteriores a la formulación.
Además, aunque el 64% de las cárceles cuenta con disponibilidad médica permanente, los 25 establecimientos evaluados suman 95 médicos generales para atender a 41.103 personas privadas de la libertad, de las cuales, el 16% denunció no recibir valoración al ingresar a los establecimientos o la obtuvo con retraso.
Asimismo, el informe encontró que en dichos centros solo el 6,3% de las personas cuenta con una cama o un planchón para descansar. Mientras tanto, el 17,1% duerme en hamacas y el 55,3% de los centros visitados no tiene colchonetas. Además, 32 centros registraron ventilación insuficiente y 14 carecen por completo de ella.
La Defensoría también advirtió sobre las restricciones que enfrentan las personas detenidas para mantener contacto con sus familias y acceder a actividades al aire libre. El 84,8% afirmó que nunca se le permite participar en actividades recreativas y el 83,5% dijo que nunca puede tomar el sol.
A esto se suma que el 32,7% no recibe visitas familiares y en el 61,7% de los centros no se permite la comunicación virtual con sus allegados.
En cuanto a los tratos dentro de estos espacios, 108 personas, equivalentes al 10,6% de las encuestadas, reportaron haber sufrido maltrato. De ellas, solo 12 presentaron una denuncia formal. Las agresiones físicas, con 51 reportes, y el trato verbal irrespetuoso, con 47, fueron las modalidades más señaladas.
En lo que a los alimentos respecta, el 57,4% de las personas entrevistadas afirmó haber recibido alimentos crudos y el 70,3%, se quejó por comida a medio cocinar o con cabellos, tierra, insectos y heces de roedores. Solo el 36,1% consideró que los alimentos se entregaban en condiciones adecuadas de higiene.
La entidad señaló que uno de los aspectos que más preocupa dentro de las problemáticas encontradas es que apenas el 1% de las celdas evaluadas por el Plan Maestro del Gobierno cumple con el área mínima por persona.
A esto se suma el escaso avance en la construcción de nueva infraestructura y que agrava el hacinamiento, pues la segunda fase de los lineamientos de diseño de nuevos establecimientos ha avanzado apenas el 1% en componentes esenciales, como tanques de agua y plantas de tratamiento.
Otro de los puntos de extrema gravedad y que mantiene el hacinamiento como un tema lejano de resolver es la dificultad que encontró el informe para llevar a término los procesos judiciales.
De las 32.732 audiencias programadas durante el periodo analizado, 4.943 fueron aplazadas por excusas como falta de personal.
