El director del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC), coronel Daniel Fernando Gutiérrez Rojas, ordenó hacer efectivo el traslado a la cárcel de máxima seguridad de la Picota, en el sur de Bogotá, de dos de los principales implicados y testigos clave del escándalo de corrupción que se originó en esa entidad.
Se trata del exdirector de la UNGRD, Olmedo de Jesús López Martínez y el exsubdirector de desastres de esa entidad Sneyder Augusto Pinilla Álvarez. El primero se encontraba recluido en el Cantón Caldas, mientras que el segundo estaba detenido en la Escuela de Artillería.
Defensa de Sneyder Pinilla reclama por su traslado a la Picota
Luis Gustavo Moreno, abogado de Sneyder Pinilla, solicitó que se deje sin efectos la decisión del INPEC y se le mantenga en la guarnición por razones de seguridad.
“Existe una orden judicial vigente que dispone que nuestro representado permanezca en un centro de reclusión militar. Las decisiones de los jueces de la República deben ser respetadas y cumplidas”, dijo el abogado Moreno.
Según la defensa Sneyder Pinilla es un testigo que ha decidido colaborar con la justicia. Su vida e integridad deben ser protegidas y las garantías otorgadas dentro de su proceso de cooperación deben ser efectivas.
Enfatizó que no se pueden desconocer las decisiones judiciales ni poner en riesgo las garantías de quienes han decidido colaborar con la justicia.
La persecución de sus bienes
La Fiscalía General y las autoridades de policía judicial dieron un duro golpe al patrimonio de seis de los principales protagonistas del escándalo de corrupción que se originó en la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo (UNGRD) y les embargó multimillonarios bienes.
Entre los activos hay millonarias propiedades relacionadas con el expresidente del Congreso Iván Leónidas Name Vásquez, el expresidente de la Cámara de Representantes Andrés Calle Aguas, Olmedo de Jesús López y Sneyder Pinilla Álvarez.
También le fueron embargados los bienes al contratista de la ciudad de Pasto, Luis Eduardo López Rosero, conocido como ‘El Pastuso’ y al exasesor jurídico de la UNGRD, Pedro Rodríguez Melo.
El director especializado de Extinción de derecho de Dominio de la Fiscalía, Juan Felipe Cárdenas Restrepo, señaló que ante la contundencia de las pruebas y luego de realizar diferentes actos de investigación se centraron méritos para imponer medidas cautelares sobre 25 bienes que estarían vinculados a seis de los señalados implicados en los actos ilícitos detectados.
“Se trata de 19 inmuebles y 6 sociedadesubicados o registrados en Bogotá; Medellín (Antioquia); Montería (Córdoba); Pasto y Chachagüí (Nariño); Sopó y Tabio (Cundinamarca); Cúcuta (Norte de Santander); Villavicencio (Meta) y Sabana de Torres (Santander)”, indicó Cárdenas Restrepo.
Sumado al avance judicial en el macrocaso relacionado con el entramado de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), la Fiscalía General de la Nación puso en marcha un frente investigativo para identificar y verificar el patrimonio de los presuntos involucrados en el direccionamiento de la contratación en la entidad y la desviación de recursos destinados a obras de mitigación y atención de emergencias.
De acuerdo con los peritos contables de la Fiscalías las propiedades están avaluadas preliminarmente en cerca de 20.000 millones de pesos.
Con base en las evidencias los agentes del CTI), en articulación con el Ejército Nacional, aplicaron estas medidas cautelares de suspensión del poder dispositivo, embargo, secuestro y toma de posesión de bienes, haberes y negocios.
Las propiedades embargados a Olmedo y Sneyder
Cuatro inmuebles en Montería (Córdoba) harían parte del patrimonio del exrepresentante Calle Aguas, uno más en Medellín pertenecería a Olmedo López, otro en Sabana de Torres estaría a nombre de Sneyder Pinilla y un predio en Tabio sería del exasesor Rodríguez Melo.
Los bienes del exsenador Iván Name
En el reporte de la Fiscalía se destaca que cuatro de los activos afectados, ubicados en Bogotá, Juan de Acosta (Atlántico), Villavicencio (Meta) y Sopó (Cundinamarca) estarían vinculados al exsenador Name Vásquez. Respecto a uno la medida cautelar recae exclusivamente sobre el 33 % de la propiedad que le correspondería.
Los activos de ‘El Pastuso’
Entre tanto, siete bienes localizados en Pasto y Chachagüí (Nariño), y en Cúcuta (Norte de Santander) tendrían relación con el contratista Luis Eduardo López Rosero.
La Fiscalía agregó que hay sociedades que habrían sido utilizadas para las diferentes maniobras que le permitieron quedarse con la contratación en la UNGRD y darles tránsito a los dineros recibidos
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