Nueve años después de declarar el estado de cosas inconstitucional por la vulneración de los derechos de la niñez Wayuu en La Guajira, la Corte Constitucional advirtió que persisten las causas estructurales que dieron origen a la crisis y que el Plan Estructural de Acción, concebido para articular las medidas necesarias para superarla, aún no se ha materializado de manera definitiva.
En el 2017, dada las altas cifras de muertes de niños y niñas Wayuu de Riohacha, Maicao, Manaure y Uribia, por desnutrición y causas asociadas, el alto tribunal dictó la Sentencia T-302 de 2017, en la que declaró el estado de cosas inconstitucional frente al goce efectivo de los derechos a la salud, el agua potable, la alimentación y la participación de los menores.
Como parte del cumplimiento de ese fallo, la Corte ordenó la construcción de un plan que reuniera de manera sistemática los compromisos de las distintas autoridades para garantizar esos derechos.
El instrumento debía ser escrito, público, incorporar un enfoque diferencial y tener en cuenta las particularidades culturales y territoriales del pueblo Wayuu.
Sin embargo, el propio tribunal señala que la orden impartida en 2023 para construir el Plan Estructural de Acción “aún no ha sido materializada” y que durante el seguimiento ha tenido que emitir nuevas órdenes para obtener los componentes del plan en materias como agua, alimentación, salud y movilidad.
Hasta el momento, hay en curso dos propuestas de Plan Estructural de Acción que todavía deben ser discutidas y analizadas. Una fue presentada por la Veeduría Ciudadana para la implementación de la sentencia, a partir de distintos procesos de participación con comunidades Wayuu.
Por otra parte, surgió la propuesta elaborada en el marco del Mecanismo Especial de Seguimiento y Evaluación de las Políticas Públicas (MESEPP). La propuesta de este último fue entregada formalmente a la Corte el 29 de julio de 2026.
Sin embargo, la Corte ha encontrado en ellas todo tipo de problemas estructurales y de fondo, en los que no se ha garantizado la imparcialidad, la transparencia y la rendición de cuentas, por lo que el alto tribunal ha considerado necesario contrastar las observaciones de las entidades de vigilancia y control con las explicaciones de las autoridades responsables.
Ante este panorama, la Sala Especial de Seguimiento convocó para el 13 de octubre de 2026, en Riohacha, una sesión técnica presencial con representantes de entidades nacionales y territoriales, organismos de control, la Veeduría Ciudadana y miembros del pueblo Wayuu.
Dicha sesión estará dedicada, en principio, al objetivo constitucional relacionado con la imparcialidad y transparencia. Allí se abordará, entre otros asuntos, la asignación de beneficios, la selección de contratistas y la coordinación de las entidades de control.
Asimismo, se abordará la situación del Plan Estructural de Acción, para el cual la Consejería Presidencial para las Regiones, la Veeduría Ciudadana y la Procuraduría deberán presentar las propuestas existentes, mientras que el Ministerio del Interior, la Defensoría del Pueblo y representantes Wayuu intervendrán sobre la legitimidad y el diálogo con las comunidades.
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