El Gobierno trabaja a toda marcha para tumbar el fallo que le impide realizar aspersión aérea contra los cultivos ilícitos. La propuesta es hacerlo con glufosinato de amonio, como lo autorizó el Consejo Nacional de Estupefacientes.
En total, fueron siete entidades del Gobierno que impugnaron el fallo. Se trata de delegados de la Presidencia y de los ministerios de Defensa, Justicia, Interior y Salud, junto con la Policía, el ICA y la ANLA.
En su momento, un juez de Putumayo suspendió la ejecución del plan piloto hasta que las autoridades acrediten el cumplimiento de las condiciones exigidas por la Constitución. Acto seguido, otro juez mantuvo esa determinación.
La decisión se tomó en respuesta a varias tutelas presentadas por habitantes y organizaciones del Putumayo, quienes cuestionaron la posibilidad de que el Gobierno iniciara las aspersiones sin demostrar previamente el cumplimiento de los requisitos ambientales, sanitarios y de participación.
Argumentos con los que estuvieron de acuerdo los jueces quienes concluyeron que al momento de la decisión continuaban trámites y verificaciones ante autoridades como la ANLA y que el Instituto Nacional de Salud no había emitido un concepto técnico específico sobre el piloto.
Consideraron además que no estaba suficientemente acreditada la compatibilidad del plan piloto con los acuerdos de sustitución voluntaria existentes en el territorio. En particular, encontró que no había información suficiente sobre el impacto que la intervención podría tener sobre familias vinculadas al PNIS, proyectos productivos y territorios sometidos a procesos de sustitución voluntaria.
Es en ese contexto precisamente que las siete entidades de Gobierno, según el documento en poder del diario El Tiempo, argumentaron que el plan piloto durará solo siete días, y contempla la operación sobre mil hectáreas. Pero que ni siquiera ha empezado y tampoco habia una fecha de inicio como para que pudiera ser frenado. Sostienen además que el juez no explicó por qué las medidas cautelares de la jurisdicción contencioso-administrativa eran insuficientes.
Sobre las zonas en las que se realizaría el piloto, dijeron que no se tocarían zonas protegidas, resguardos indígenas, consejos comunitarios, programas de sustitución, centros poblados y otras áreas sensibles.
Las áreas de intervención se distribuyen así por municipio: Puerto Asís, 1.647 hectáreas; Orito, 1.111; Puerto Guzmán, 799; Valle del Guamuez, 787; Puerto Caicedo, 571; Villagarzón, 267; Leguízamo, 161; San Miguel, 38, y Mocoa, 22.
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