Al menos 30 bocaminas usadas para la extracción ilegal de oro en Amalfi, Anorí y Guadalupe, en Antioquia, fueron inhabilitadas en una operación coordinada por el Consejo Nacional de Lucha contra la Deforestación y Otros Crímenes Ambientales (Conaldef), por instrucción del presidente Abelardo de la Espriella.
Según el Ministerio de Ambiente, la actividad deterioraba la cuenca del río Porce y generaba riesgos para la infraestructura de la Central Hidroeléctrica Porce III.
En la intervención se destruyeron 59 equipos, entre motores, motobombas y taladros, además de explosivos, medios de comunicación y otros elementos usados en la minería ilegal.
Las autoridades estimaron que el valor de la intervención sería de unos $260 millones. Durante la intervención se sellaron los túneles con materiales de alta resistencia para impedir que se reabran.
La cartera de Ambiente destacó en la operación de la Dirección de Carabineros y Protección Ambiental de la Policía, el Ejército, el Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía, la Agencia Nacional de Minería y la Gobernación de Antioquia.
El ministro de Ambiente, Fabio Arjona, afirmó que «no vamos a permitir que destruyan nuestro patrimonio natural» y aseguró que se seguirá enfrentando «las economías ilegales que destruyen el agua, amenazan la biodiversidad y afectan a las comunidades».
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