Diego Marín Buitrago, conocido como alias ‘Papá Pitufo’, su esposa Liset Samboní y sus tres hijos presentaron una demanda de reparación directa contra la Nación, la Fiscalía General de la Nación, la Rama Judicial y los ministerios de Justicia y del Derecho y de Relaciones Exteriores, por las actuaciones relacionadas con la orden de captura con fines de extradición emitida en su contra en 2024.
La demanda sostiene que las actuaciones adelantadas dentro del trámite de extradición le habrían generado afectaciones emocionales y psicológicas a Marín Buitrago y a integrantes de su familia. El proceso había sido inadmitido en agosto y, posteriormente, los demandantes presentaron una nueva subsanación.
En el documento se plantea que la responsabilidad de las entidades demandadas estaría relacionada con un supuesto error jurisdiccional de la Rama Judicial y una presunta falla en el servicio atribuida a la Fiscalía General de la Nación y a los ministerios de Justicia y del Derecho y de Relaciones Exteriores, dentro del trámite de extradición.
La demanda está relacionada con la investigación penal que adelanta la Fiscalía contra Diego Marín Buitrago por los delitos de concierto para delinquir agravado, en calidad de autor, y cohecho por dar u ofrecer, en calidad de coautor. En ese proceso se le señala como presunto Zar de Contrabando, articulador de actividades de contrabando en puertos y rutas comerciales de diferentes ciudades del país.
Uno de los argumentos centrales de la demanda está relacionado con el momento en que, según los demandantes, se habría configurado el daño que pretenden reclamar. El documento señala que la orden de captura fue expedida el 11 de marzo de 2024 por el Juzgado 48 Penal Municipal con Función de Control de Garantías, pero sostiene que sus efectos dañosos se concretaron con la captura de Marín Buitrago en Valencia, España, el 5 de abril de 2024.
De acuerdo con la demanda, posteriormente se produjo una nueva privación de la libertad en Portugal, el 3 de diciembre de 2024, que se extendió hasta el 9 de junio de 2025, cuando Marín Buitrago quedó en libertad provisional luego de una acción de hábeas corpus promovida por sus abogados.
Los demandantes sostienen que, por estas circunstancias, el daño se concretó con la materialización de la orden de captura en España y que sus efectos se mantuvieron y posteriormente se extendieron con la privación de la libertad en Portugal.
La pretensión económica asciende a 400 salarios mínimos, aproximadamente 700 millones de pesos, para Diego Marín Buitrago, su esposa y sus tres hijos. La demanda plantea que los integrantes de la familia también habrían presentado afectaciones psicológicas derivadas del proceso penal y del trámite de extradición.
Antes de presentar esta nueva etapa judicial, en diciembre de 2025 se llevó a cabo una audiencia de conciliación ante la Procuraduría. Sin embargo, el procedimiento terminó sin acuerdo entre las partes. En el acta quedó consignado que, ante la falta de ánimo conciliatorio de la parte convocada, la Procuradora Judicial declaró fallida la audiencia, dio por surtida la etapa conciliatoria y por terminado el procedimiento extrajudicial.
Con la nueva subsanación, los demandantes buscan que avance el medio de control de reparación directa y que se estudien las responsabilidades que atribuyen a las entidades involucradas en el trámite que derivó en la captura de Marín Buitrago con fines de extradición.
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