Colombia tuvo este año, en las urnas, una alternativa real hacia un modelo que, de haberse impuesto, habría terminado por asfixiar a la libre empresa. No fue un espejismo ni una posibilidad remota, fue una opción real. Que el país haya elegido finalmente otro camino, gracias a Dios, no cambia lo que estuvo en juego. El riesgo estuvo en que ese modelo, capaz de asfixiar la iniciativa privada, tuvo una posibilidad real de convertirse en gobierno.
Margaret Thatcher decía que los marxistas madrugan para defender su causa, y que los defensores de la libertad debemos madrugar todavía más. Es una tesis para mantenernos atentos, para empezar a tomar conciencia y, sobre todo, para actuar. Los empresarios también deben madrugar, y madrugar aquí significa conversar con sus colaboradores sobre la libertad económica, sobre la propiedad privada y sobre lo que de verdad sostiene cada empleo en la empresa.
Durante mucho tiempo una parte importante del empresariado colombiano ha creído que mantenerse al margen de la conversación pública es la postura más pertinente. Sin embargo, esa intención de neutralidad puede tener un costo grave y no calculado. Cuando el líder empresarial guarda silencio frente a la fragilidad institucional, ese silencio termina siendo ocupado por narrativas que no ven en la propiedad privada un derecho que proteger, más bien ven un privilegio que desmontar.
La propia Constitución de 1991, en su artículo 1, define a Colombia como un Estado social de derecho organizado en forma de república democrática, participativa y pluralista. En su artículo 2, establece que uno de los fines esenciales del Estado es facilitar la participación de todos, no solo de los políticos ni de los funcionarios, en las decisiones que los afectan. Esa invitación no se queda en la retórica constitucional, el artículo 95, en su numeral 5, convierte la participación en la vida política, cívica y comunitaria del país en un deber de toda persona y todo ciudadano, empresarios incluidos.
Leídos en conjunto, estos artículos dejan una conclusión clara. La Constitución permite y le pide al empresario, con el mismo peso con que se lo pide a cualquier ciudadano, que participe.
Y aquí es fundamental comprender la diferencia entre pedagogía y proselitismo político, porque suelen confundirse y no son lo mismo. La primera explica, la segunda adoctrina. Ejercer pedagogía institucional es explicarle a un colaborador por qué la libertad económica y el derecho a la propiedad, consagrados en el artículo 333 de la misma Constitución, le sirven tanto al trabajador, al empresario y al país. Hacer proselitismo, en cambio, es indicarle a ese mismo colaborador, o a un cliente, por quién votar, una intromisión que no le corresponde a ningún líder empresarial. Esa distinción traza el límite ético de la participación. La pedagogía es una responsabilidad que ya no se puede seguir posponiendo, el proselitismo es un abuso que ningún liderazgo empresarial debería permitirse.
Hay, además, una razón práctica que refuerza la lectura constitucional. La Encuesta Mundial de Valores 2025 encontró que el 96 % de los colombianos desconfía de las personas con las que convive, un dato que explica buena parte de la dificultad que tenemos para construir acuerdos duraderos. Entonces, cuando un empresario decide fortalecer los vínculos con su comunidad y sostener relaciones de largo plazo con sus colaboradores, dentro de su responsabilidad cívica, está reconstruyendo, paso a paso, el tejido social que cualquier democracia necesita para funcionar.
Ese es, en últimas, el llamado que nos hace la Constitución de 1991. La libre empresa y la democracia no son proyectos separados que compiten, son una tarea que la Carta nos entregó a todos, y de la que ya nadie puede seguir excusándose. Es una conversación que no se puede seguir aplazando, porque no habrá sostenibilidad ambiental ni sostenibilidad social si antes no hay sostenibilidad de la democracia. Y no existe modelo de negocio que sobreviva a un sistema institucional roto.
Madruguemos a construir, con conversación, diálogo y pedagogía, el capital social que sostiene la libertad. Sin confianza no hay democracia. Sin democracia no hay economía. Las elecciones de alcaldes, gobernadores y demás autoridades locales, ya están cerca, y todavía hay tiempo de sembrar esa conversación.
*Exdirectora del ICBF
