Escribo esta columna con dolor de corazón. Estoy casi segura de que no tendrá la misma cantidad de lectores, comentarios o “me gusta” que una columna sobre corrupción o sobre la última pelea política. Lo digo con tristeza, porque los temas relacionados con la niñez rara vez ocupan el lugar que merecen en el debate público.
Ojalá me equivoque. Ojalá esta vez sí la lean. Porque si existe una causa capaz de unirnos por encima de cualquier diferencia política, debería ser la defensa de los niños, niñas y adolescentes. Ellos no votan, no hacen campaña y, quizá por eso, con demasiada frecuencia dejan de ser prioridad.
Sería mucho más fácil escribir sobre otro escándalo de corrupción. Material sobra. Pero estoy convencida de que la paz, la seguridad y la prosperidad de Colombia empiezan por garantizar los derechos de la niñez.
Por eso quise que esta fuera mi última columna sobre el Gobierno de Gustavo Petro. Quise revisar si realmente cumplió la promesa de convertir a los niños en una prioridad. Para responder esa pregunta acudí al informe “La niñez no da espera”, elaborado por la alianza NiñezYA.
La conclusión es contundente. El informe evaluó 110 metas del Plan Nacional de Desarrollo relacionadas con niños, niñas y adolescentes. Cuarenta y cuatro no se cumplieron. Es decir, el Gobierno incumplió el 40 % de las metas que él mismo se había fijado para una población de 13,8 millones de menores de edad.
Pero detrás de ese porcentaje hay realidades mucho más dolorosas. El informe advierte graves rezagos en la atención integral a la primera infancia, especialmente en nutrición, vacunación y educación inicial. También señala el deterioro de la salud mental de niños y adolescentes, mientras que la respuesta institucional sigue siendo insuficiente. A ello se suma el recrudecimiento de la violencia: Naciones Unidas ha advertido que el reclutamiento de menores de edad aumentó 300 % en los últimos años. La Defensoría del Pueblo documentó 410 casos de reclutamiento forzado en 2025, y entre el 1 de enero y el 31 de mayo de 2026 ya había identificado 51 nuevos casos. También preocupa que el propio ICBF reconozca que el consumo problemático de sustancias psicoactivas mantiene una tendencia ascendente entre adolescentes de 12 a 17 años, y que el consumo de marihuana aumentó 11 % frente a 2020.
Quizá la frase más dura del informe es su conclusión: “Colombia termina este Gobierno con una enorme deuda con sus 13,8 millones de niños, niñas y adolescentes”.
Dentro de pocos días comenzará el Gobierno de Abelardo de la Espriella. Tengo la esperanza de que la protección de la niñez sea una prioridad nacional. Que la nueva dirección del ICBF logre enderezar el rumbo que deja esta administración en esa entidad. Y que sea el propio Presidente quien lidere, desde la Casa de Nariño, una instancia de alto nivel donde se articulen todas las políticas relacionadas con la infancia y la adolescencia. Solo así construiremos una verdadera política de Estado para los menores de edad.
Jamás tendremos una Colombia segura, en paz o verdaderamente próspera —sin importar el enfoque de un gobierno— si no logramos que los niños crezcan en entornos donde prevalezcan el respeto y el amor, y así rompamos el ciclo de violencia que hoy los empuja a la guerra o al delito. Mientras usted termina de leer esta columna, a un niño lo están reclutando en un grupo armado, una niña está siendo víctima de violencia sexual, un menor de edad no pudo ir al colegio porque tuvo que salir a trabajar, y otro sufrirá esta noche violencia precisamente en el lugar donde debería sentirse más seguro: su propio hogar.
Presidente Abelardo de la Espriella: millones *Exdirectora del ICBF
