Las denuncias conocidas públicamente contra el excandidato presidencial y exgobernador del Magdalena Carlos Caicedo por presuntos hechos de violencia sexual contra una niña y su madre son de una gravedad extrema y profundamente perturbadoras.
Según lo revelado, los hechos ocurrieron en 2023, cuando la menor tenía apenas ocho años. Las denuncias se suman a otros señalamientos de acoso sexual formulados previamente por varias mujeres.
Esta acumulación de denuncias no puede leerse como una serie de hechos aislados: exige una mirada atenta a los patrones de abuso de poder que, con frecuencia, permanecen protegidos por el silencio, el miedo de las víctimas y la posición de quienes los ejercen.
“Rechazo con la mayor firmeza cualquier forma de violencia sexual contra niñas, niños y adolescentes. De comprobarse, constituyen una de las formas más graves de daño que puede infligirse a una menor de edad, con consecuencias que trascienden el momento del hecho y afectan su desarrollo, su seguridad y su confianza en el mundo adulto”, dijo la ministra de Justicia y del Derecho (e), Cielo Rusinque.
Advirtió que4 hizo un llamado urgente a las autoridades competentes —Fiscalía General de la Nación y Corte Suprema de Justicia, dado el fuero que en su momento ostentó el investigado— para que adelanten con celeridad una investigación rigurosa, transparente e imparcial, que esclarezca plenamente los hechos.
“Esa investigación debe garantizar en todo momento la protección, la dignidad y los derechos de las presuntas víctimas, evitando cualquier forma de revictimización en el curso del proceso”, sostuvo.
Dijo que, además, debe hacerse con pleno respeto por el debido proceso y la presunción de inocencia, principios que no son incompatibles con la exigencia social de verdad y justicia; al contrario, son la condición para que esa justicia sea legítima y perdurable.
“Ningún cargo, trayectoria política o respaldo electoral puede convertirse en un escudo frente a denuncias de esta magnitud, ni servir de argumento para relativizar su gravedad”, explicó la funcionaria.
Para la ministra encargada de la justicia en Colombia, la protección de niñas, niños y adolescentes frente a toda forma de violencia sexual es un deber ineludible del Estado, de las instituciones y también de quienes ejercemos vocerías públicas.
