En una carta dirigida al presidente electo, Abelardo de la Espriella, la defensora del Pueblo, Iris Marín, solicitó una reunión con el equipo de empalme para presentar un documento de recomendaciones que considera «imposibles de postergar» para el próximo gobierno.
«Nuestro país enfrenta desafíos profundos para garantizar que los derechos humanos sean una realidad efectiva para todas las personas, sin distinción», señaló Marín en la misiva, en la que reiteró su disposición para mantener «una relación institucional respetuosa, armónica e independiente» con el nuevo gobierno y las demás ramas del poder público.
El documento que la Defensoría busca poner sobre la mesa del gobierno entrante —y que ya fue puesto en conocimiento del equipo de campaña de de la Espriella— se organiza en cuatro ejes temáticos: desigualdad estructural y exclusión permanente; violencia armada, paz, seguridad y garantías democráticas; degradación ambiental, cambio climático y derechos de la naturaleza; y reforma rural integral, derechos del campesinado y de los pueblos étnicos.
La solicitud de reunión llega en un momento de tensión institucional, luego de que el propio de la Espriella anunciara que suspendía el proceso de empalme con el gobierno de Gustavo Petro, al que calificó de «corrupto» y de querer acabar con el país, y al adevertir que en el transcurso de este manaña dará las razones de su determinación.
La carta de Marín busca establecer un canal de diálogo que trascienda la confrontación y se centre en la protección de derechos.
«Confío en que este espacio contribuya a fortalecer un diálogo institucional constructivo y permanente, orientado a la protección y garantía de los derechos humanos», afirmó la Defensora, quien agradeció de antemano la atención del presidente electo y quedó «atenta a la posibilidad de establecer canales de trabajo y coordinación institucional con el Gobierno que usted encabezará».
La carta se suma a las primeras señales de la sociedad civil y los organismos de control dirigidas al gobierno entrante, en un contexto donde organizaciones como Oxfam y el MESECVI de la OEA ya han alertado sobre el riesgo de retrocesos en derechos de mujeres, comunidades étnicas y poblaciones vulnerables durante la próxima administración.
/Colprensa.
