La Corte Suprema de Justicia y el Consejo Superior de la Judicatura salieron este martes a respaldar el conteo de los votos de la primera vuelta presidencial, con un comunicado conjunto que aterrizó justo cuando el presidente, Gustavo Petro, insiste en que hubo un presunto fraude.
El mensaje lo firmaron Iván Mauricio Lenis Gómez, presidente de la Corte Suprema, y Mary Lucero Novoa Moreno, presidenta del Consejo Superior de la Judicatura. Las dos cabezas de la Rama Judicial expresaron su «pleno respaldo» a las comisiones escrutadoras que revisan los votos en todo el país.
La movida no es menor, porque esas comisiones están integradas principalmente por juezas y jueces de la República. En la práctica, la cúpula judicial salió a defender el trabajo de sus propios funcionarios.
El telón de fondo es la elección del pasado 31 de mayo. Según el conteo preliminar de la Registraduría Nacional del Estado Civil, el abogado de derecha Abelardo de la Espriella quedó primero con 10.361.499 votos (43,74 %) y el senador Iván Cepeda, del Pacto Histórico y cercano al Gobierno, segundo con 9.688.361 (40,90 %). Como ninguno alcanzó la mitad más uno, los dos irán a una segunda vuelta el 21 de junio.
Petro no aceptó esos números. El primer mandatario afirmó que no reconoce el preconteo divulgado por la Registraduría y, este 2 de junio, fue más lejos: dijo tener «bases comprobadas» de un presunto fraude que entregaría a las autoridades.
En su cuenta de X, el mandatario sostuvo que el software de conteo se alteró el 26 de mayo y que el censo electoral creció en más de 885.000 cédulas pocos días antes de la votación.
También pidió revisar cerca de 5.300 mesas que considera atípicas, no para recontar los votos sino para verificar la identidad de quienes sufragaron en ellas. Advirtió que, si los escrutinios se cierran sin esa revisión, el caso terminará en la justicia.
Hasta ahora ninguna de esas afirmaciones tiene respaldo independiente y la Procuraduría General de la Nación señaló que no encontró pruebas de las irregularidades que él denuncia.
La Misión de Observación Electoral de la Unión Europea (MOE-UE) fue todavía más directa. Su jefe, el español Esteban González Pons, dijo este martes que el escrutinio, ya muy avanzado, está confirmando los resultados del preconteo y descartó cualquier manipulación de los datos.
El organismo recordó que el conteo oficial está en manos de unos 9.000 jueces, notarios y registradores, y que ningún candidato le había reportado irregularidades. Ese es justamente el trabajo que la Corte Suprema y la Judicatura salieron a blindar.
En su comunicado, los dos órganos judiciales recordaron además que es el Consejo Nacional Electoral (CNE), “un organismo autónomo”, el único que puede declarar los resultados definitivos. Con ello marcaron la cancha: el resultado lo define la autoridad electoral, no un pronunciamiento político.
El texto nunca menciona a Petro por su nombre. Pero el llamado final —a actuar «con responsabilidad, prudencia y respeto» para evitar «la confrontación» y el «debilitamiento de la confianza» en las instituciones— apunta sin disimulo al discurso del presidente Petro.
Con este pronunciamiento, la Rama Judicial se suma a un coro que ya incluye a la Registraduría, a los observadores europeos y a los entes de control. El efecto es que Petro queda cada vez más solo en su versión del fraude, justo cuando su candidato necesita remontar casi 700.000 votos en tres semanas.
/Colprensa.
