El próximo 10 de junio la Fiscalía imputará a José Antonio Salazar Ramírez, exsecretario general de la Cancillería, como presunto responsable de los delitos de prevaricato por acción y enriquecimiento ilícito de servidor público.
La investigación reveló que en 2024 habría participado en la expedición de tres resoluciones, en febrero de ese año, mediante las cuales se revocaron las decisiones con las que el entonces canciller Álvaro Leyva Durán declaró desierta la licitación 01 de 2023 para la adjudicación del contrato de pasaportes por cerca de medio billón de pesos. De esta manera, se restableció el proceso licitatorio y se entregó el contrato a Thomas Greg.
Salazar Ramírez había sido denunciado en 2024 por la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado por los delitos de falsedad en documento público, interés indebido en la celebración de contratos, prevaricato por acción y abuso de función pública.
La denuncia indicaba que Salazar pudo haber incurrido en esos delitos al favorecer presuntamente a la empresa que actualmente elabora los pasaportes en el país, debido a que adjudicó unilateralmente el contrato a Thomas Greg sin tener las facultades para ello ni la autorización del canciller encargado, Luis Gilberto Murillo.
La Agencia indicó que Salazar presuntamente faltó a la verdad en varias resoluciones en las que aseguró tener la competencia para adjudicar el contrato de los pasaportes, lo que podría configurar falsedad ideológica y, a la vez, prevaricato por acción, pues los actos administrativos habrían contenido “varias manifestaciones contrarias a la verdad”.
/Colprensa.
