La Corte Constitucional revisará una tutela que la toca por dentro: la que un joven y su madre le promovieron a uno de sus propios magistrados, Jorge Enrique Ibáñez, por lo que el togado dijo de ella en una entrevista. La Sala de Selección número 5 escogió el caso este jueves y, como Ibáñez figura ahí como demandado, lo apartó de inmediato del reparto.
La Sala —integrada por la magistrada Lina Marcela Escobar y el magistrado Juan Carlos Cortés— dejó el expediente en manos del magistrado Miguel Polo Rosero. Lo seleccionó, explicó, por tratarse de un asunto novedoso que obliga a precisar el alcance de un derecho fundamental.
El pleito nació de una conversación que Ibáñez sostuvo en agosto de 2025 con el medio independiente Casa Macondo, que indagaba por un expediente de paternidad extraviado durante años en un juzgado de Ibagué. En ese proceso, el magistrado tuvo que reconocer en 2004 a su hijo mayor, Jorge Enrique Ibáñez Robles.
Al hablar de ese reconocimiento, el togado afirmó que la paternidad había sido consecuencia de una conducta de la que él fue «víctima de abuso sexual por parte de una señora». Agregó que la mujer lo invitó a tomar algo y que él terminó en una situación de indefensión.
Esa señora es Yolanda Inés Robles Ramírez, la madre del joven. Ella rechazó la versión, y el propio Ibáñez admitió después que no tenía pruebas de lo que insinuó y que se trataba de una hipótesis descartada.
Dos fallos en sentidos opuestos
En diciembre de 2025, un juzgado de control de garantías de Neiva les dio la razón a Robles y a su hijo. Le ordenó al magistrado retractarse y ofrecer excusas públicas, porque sus afirmaciones golpearon la honra y el buen nombre de ella.
Ibáñez reaccionó en dos frentes. El 19 de diciembre publicó una rectificación en la que dijo que no le constaba haber sido víctima de abuso, pero al mismo tiempo impugnó el fallo con el argumento de que un juez de garantías no podía juzgar a un magistrado de su rango.
La segunda instancia volteó el caso. En febrero de 2026, la jueza Catalina María Manrique, del Juzgado Primero Penal del Circuito de Neiva, falló a favor del togado y, en vez de mantener la orden de retractación, le ordenó a Casa Macondo borrar de su web y de sus redes toda la investigación sobre Ibáñez.
El fallo fue más lejos. Le prohibió al medio publicar contenidos que afectaran la intimidad, la honra o el buen nombre del magistrado y de Robles, y lo obligó a mantener durante 30 días un aviso de que el material había salido por orden judicial.
Para Juan Pablo Barrientos, el periodista que firmó la investigación, esa orden fue «una clara censura». Sostuvo que el fallo blinda a un funcionario poderoso y termina revictimizando a quienes lo denunciaron.
La Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) respaldó esa lectura y anunció que empujaría la revisión del caso en la Corte. Para la organización, borrar una investigación ya publicada sobre un alto funcionario es una restricción desproporcionada, porque sobre quien ejerce semejante cargo el escrutinio público debe ser mayor, no menor.
Por qué importa
El caso pone a la Corte frente a un espejo incómodo. El tribunal que define en Colombia hasta dónde llegan la libertad de prensa y el derecho al buen nombre tendrá que trazar esa línea en un expediente donde el señalado es uno de los suyos.
Y la balanza de poder es desigual. De un lado está un magistrado de la más alta corte, de su ala conservadora y ponente de fallos que tumbaron el Ministerio de la Igualdad y un pedazo de la reforma tributaria de Gustavo Petro. Del otro, un hijo reconocido por vía judicial, su madre y un medio pequeño.
Por eso la ponencia de Polo Rosero tendrá que resolver dos cosas a la vez. Si Ibáñez debe retractarse de lo que dijo sobre Robles, como piden ella y su hijo, y si una orden judicial puede borrar de internet una investigación periodística sobre un funcionario público.
Mientras la Sala de Revisión estudia el expediente —radicado como T-12.012.771—, la investigación de Casa Macondo sigue fuera de circulación por la orden de Neiva. El fallo que viene dirá si vuelve a la luz y, de paso, qué tan lejos puede llegar un alto funcionario para controlar lo que se cuenta de él.
/Colprensa.
