La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) cerró una de las etapas más sensibles de su investigación contra la antigua guerrilla. Durante 45 jornadas, 354 víctimas les reclamaron verdad de frente a 123 ex combatientes de las extintas FARC, que ya habían rendido versión sobre masacres, desapariciones forzadas, desplazamientos y tomas guerrilleras. Con eso, el tribunal pasó de escuchar a las víctimas a la fase en la que tendrá que ponerles nombre a los máximos responsables de esos crímenes.
El Caso 10 es el proceso con el que la JEP investiga los crímenes más graves de las FARC que no caben en sus otros expedientes. De acuerdo con el tribunal, allí entran los homicidios, las masacres, las desapariciones forzadas, los desplazamientos y las tomas guerrilleras que quedaron por fuera de los casos de secuestro, de reclutamiento de menores y de los procesos por regiones. La propia entidad lo describe como el caso de los crímenes que no pueden recibir amnistía ni perdón judicial.
Las 45 jornadas estuvieron a cargo de los despachos de las magistradas Marcela Giraldo Muñoz y Julieta Lemaitre Ripoll, relatoras del caso, y las convocó la Sala de Reconocimiento de Verdad. La JEP las llevó a Bogotá, Ibagué, California (Santander), Medellín, San Carlos, Jardín, Villavicencio y Florencia, con espacios presenciales y virtuales para quienes dijeron tener problemas de seguridad.
En el Caso 10 están acreditadas 4.062 víctimas, de las cuales 354 presentaron observaciones en estas audiencias. La Sala de Reconocimiento de Verdad recibió también 14 observaciones escritas de víctimas y de la Procuraduría General de la Nación.
En sus intervenciones, las víctimas narraron lo que sufrieron y les pusieron demandas concretas a los comparecientes. Pidieron conocer el paradero de los desaparecidos, las motivaciones detrás de los crímenes y, sobre todo, quién dio las órdenes. También quisieron saber por qué, en sus casos, no se respetaron los derechos de quienes ya estaban fuera de combate.
Las víctimas además les exigieron reconocer que los hechos ocurrieron y que en algunos territorios ejercieron control. Reclamaron que admitan los daños que causaron, los castigos contra quienes no acataban sus órdenes y la estigmatización que sufrió la población. Muchos fueron señalados de colaborar con la fuerza pública o con los paramilitares por algo tan simple como venderles productos.
Los relatos que marcaron las audiencias
En cada sesión hubo espacio para recordar a los muertos con fotos, velas, flores y objetos personales. Allí, varias víctimas les pusieron rostro y nombre a los crímenes que la JEP investiga.
En la audiencia del Bloque Noroccidental, Roger Daniel George contó que, siendo un niño, presenció el asesinato de su madre en agosto de 2008. “Hoy estoy acá públicamente, mostrando mi rostro, porque ya no quiero tener miedo (…) Se llevaron a mi mamá de mi casa, yo salí corriendo. Escuché tiros. Me arrebataron mi infancia”, dijo.
Nancy Vargas Ávila habló de sus hermanas Alexandra y Martha Cecilia, asesinadas y desaparecidas por integrantes del Bloque Caribe en octubre de 1988. Contó que se las llevaron de la casa de la abuela con el pretexto de una reunión en un colegio y que hoy nadie sabe dónde están sus cuerpos. Le pidió a la JEP articularse con la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD) para encontrarlos y poder, al fin, hacer el duelo.
En la audiencia del Bloque Magdalena Medio, Gabriel Francisco Acosta Sierra relató cómo presenció en junio de 2004 la masacre de 34 campesinos que recogían hoja de coca en La Gabarra, en Tibú (Norte de Santander). “Ellos comenzaron a disparar a la gente que había ahí (…) nos trataron de paramilitares, pero éramos solo personas campesinas”, recordó.
Ángela María Ballesteros Sarmiento es la madre de Ángela Yesenia Bríñez Ballesteros, personera de Roncesvalles (Tolima) asesinada el 11 de julio de 2002. El crimen lo cometieron hombres del antiguo Comando Conjunto Central, que ya aceptaron ser responsables. Aun así, la madre exigió conocer “toda la verdad acerca de su asesinato” y dejó una frase sobre el perdón: “perdonar no es olvidar el daño, es recordarlo sin odio ni rencor”.
En otra jornada, Magda Cristina Romero Gutiérrez reaccionó a lo dicho por el Bloque Oriental. Su padre, Héctor Romero Camelo, murió el 26 de noviembre de 1991 en un atentado con explosivos —presuntamente de las FARC-EP— que mató al menos a ocho funcionarios judiciales en Usme (Bogotá). “¿Por qué ordenar una masacre como fue la de ellos? ¿Cuál fue el motivo? ¿Quién dio la orden?”, preguntó.
Pedro León Ocasiones recordó a su hermano, Rafael Ocasiones Llanos, conductor de confianza de la familia Turbay Cote, asesinado en la masacre del 29 de diciembre de 2000 en Puerto Rico (Caquetá). El ataque lo ejecutaron la Columna Móvil Teófilo Forero y el Frente 15 de las FARC-EP, y tras el crimen su familia fue amenazada y desplazada. Hoy pide saber quién dio la orden directa y si hubo terceros involucrados.
¿Para qué van a servir estas observaciones?
Las observaciones no son un desahogo simbólico: tienen un peso jurídico concreto. La JEP las usará para contrastar lo que dijeron los comparecientes, medir la dimensión del daño y, sobre todo, para definir en las imputaciones quiénes fueron los máximos responsables de los crímenes del Caso 10. También se las entregará a los exguerrilleros firmantes del Acuerdo de Paz para que amplíen sus versiones, en especial sobre el paradero de los desaparecidos.
Ese camino la JEP ya lo recorrió en el caso de los secuestros. En septiembre de 2025, el tribunal dictó su primera sentencia y condenó al último Secretariado de las FARC a ocho años de trabajos restauradores —no de cárcel— por la política de secuestros, según la decisión. Esa pena sin prisión generó duras críticas de víctimas y apelaciones que la consideraron demasiado blanda.
En el Caso 10 el desenlace apunta en la misma dirección. Los comparecientes que reconozcan su responsabilidad recibirían sanciones restauradoras sin cárcel, como ocurrió con los jefes del secuestro; quienes la nieguen y resulten hallados responsables sí podrían terminar en prisión. Por eso lo que las víctimas dijeron en estas audiencias pesa: ayuda a decidir a quién se señala y por qué.
Por ahora, las observaciones quedaron en manos de la Sala de Reconocimiento de Verdad y de los comparecientes. El siguiente paso será la imputación, en la que la JEP dirá quiénes responderán por las masacres, las desapariciones y los desplazamientos del Caso 10. La pregunta que dejaron abierta las víctimas es si ese proceso les devolverá lo que más piden: la verdad sobre dónde están sus muertos.
/Colprensa.
