La Contraloría General de la República alertó sobre el riesgo de una afectación patrimonial por unos 800 mil millones de pesos, derivada del actual modelo de prestación del servicio público de aseo en Santiago de Cali.
La controversia central radica en las cláusulas de reversión de los contratos de operación que estuvieron vigentes por más de 20 años: mientras EMSIRVA sostiene que el software y las bases de datos deben ser devueltos sin costo, los operadores privados, cuyos contratos finalizaron el pasado 28 de enero, reclaman la propiedad de dicha información como prestadores efectivos del servicio.
La situación se ha agravado tras la decisión del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, que mediante auto del 11 de mayo de 2026 suspendió el proceso de selección de nuevos operadores que adelantaba EMSIRVA.
Esta parálisis judicial, sumada a la culminación del periodo de liquidación contractual previsto para el 28 de mayo, genera un escenario de vacío jurídico sobre la continuidad de la prestación del servicio y el manejo de los recursos provenientes del recaudo tarifario.
La alerta está dirigida al Distrito Especial, a las empresas EMSIRVA y EMCALI, y a las superintendencias de Servicios Públicos Domiciliarios y de Industria y Comercio, tras identificarse una profunda incertidumbre jurídica sobre la titularidad del catastro de usuarios y las bases de datos comerciales y operativas del servicio.
El organismo de control señaló que el valor del riesgo se sustenta en una valoración realizada por la banca de inversión Bonus, contratada por la Superintendencia de Servicios Públicos para evaluar los activos de EMSIRVA, entidad actualmente en liquidación.
El Contralor General enfatizó que la continuidad de los servicios esenciales no puede estar expuesta a vacíos contractuales ni controversias sobre activos estratégicos.
En consecuencia, el órgano de control instó a las autoridades competentes a adoptar medidas coordinadas para mitigar impactos fiscales, ambientales y sociales, al tiempo que confirmó que mantendrá la vigilancia especial sobre las decisiones que se tomen para proteger el patrimonio público y el bienestar de los ciudadanos de Cali.
/Colprensa.
