El caso de la Ungrd, conocido a inicios del gobierno Petro, ahora toca a la senadora, que deberá comparecer ante las autoridades.
La Corte Suprema de Justicia radicó oficialmente un proyecto para abrir una investigación formal contra la senadora del Pacto Histórico, Martha Peralta Epieyú, por hechos relacionados con el desfalco de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). La magistrada Cristina Lombana, integrante de la Sala de Instrucción, presentó la ponencia ante la Sala Plena para determinar la responsabilidad de la congresista de La Guajira en este proceso judicial. El avance se produce tras el análisis de pruebas que vinculan a la legisladora con irregularidades en la entidad encargada de atender emergencias en el país.
¿Por qué la Corte Suprema investiga a la senadora Martha Peralta Epieyú?
El procedimiento jurídico se basa en los mismos eventos que mantienen detenidos a implicados como Wad Mansur y Karen Manrique. Según lo reportado Darcy Quinn en sus secretos, por el momento no se ha solicitado una orden de detención preventiva contra la senadora, ya que el proceso administrativo interno debe cumplir con el requisito previo de ser «aprobada por la sala plena» antes de proceder al llamado formal a indagatoria. Se proyecta que la decisión de los magistrados sea favorable a la apertura debido a la naturaleza de los hechos investigados en el expediente judicial.
La investigación penal se origina en la presunta participación de la senadora en el entramado denominado como el desfalco de la UNGRD. La magistrada Cristina Lombana radicó el proyecto basándose en elementos probatorios vinculados a la red de corrupción que afectó el patrimonio público. Este proceso se maneja de forma independiente a otros expedientes dentro de la corporación judicial, siguiendo un cronograma de apertura de investigación que se diferencia de los tiempos procesales manejados por otras instancias de la rama judicial en el mismo caso.
Dentro del alto tribunal se ha señalado que este avance representa una fase crítica para la congresista de La Guajira. Aunque se menciona que el ritmo de la justicia en la corporación ha sido objeto de análisis, los magistrados resaltan que el trámite es «lento, pero seguro». La radicación del proyecto de investigación formal marca el inicio de una etapa probatoria profunda donde se determinará si existen méritos para sancionar a los involucrados en irregularidades administrativas registradas en la unidad.
La magistrada encargada se tomó un tiempo institucional adicional para consolidar el documento de apertura, lo que explica la diferencia en los tiempos de respuesta respecto a otros implicados. A pesar de la demora, se confirma que la senadora «ya está siendo investigada formalmente» bajo la jurisdicción de la Sala de Instrucción. El objetivo es esclarecer los vínculos de la senadora con la ejecución presupuestal cuestionada durante las vigencias recientes en la entidad encargada de la prevención de riesgos nacionales. Los investigadores buscan determinar si existieron acuerdos políticos que facilitaron el manejo irregular.
¿Qué diferencias hay entre los procesos de la Corte y la Fiscalía en el caso UNGRD?
Existen contrastes marcados entre la velocidad de resolución de la Corte Suprema de Justicia y la Fiscalía General de la Nación. Mientras que en la justicia ordinaria procesados han recobrado la libertad recientemente debido a que se están venciendo los términos legales, la Corte mantiene una estrategia descrita como «piano piano, pero lontano». Esta aproximación sugiere un avance pausado que busca llegar a resultados sólidos en las investigaciones contra los aforados constitucionales involucrados en el escándalo.
La solidez de las decisiones depende de la rigurosidad en el análisis de las pruebas documentales aportadas. En la justicia ordinaria, casos como los del exministro Bonilla y Sandra Ortiz han registrado cambios en su situación jurídica por el paso del tiempo. Por el contrario, en la Corte Suprema, la gestión de la magistrada Lombana busca asegurar que el proyecto de investigación formal no presente fisuras al ser debatido. El proceso judicial indica que, bajo la lógica de que «despacito llega lejos», la rigurosidad es la prioridad máxima del tribunal superior para evitar nulidades.
Se espera que la Sala Plena revise la ponencia con prontitud para definir el futuro de la senadora. La situación de la senadora Martha Peralta Epieyú se suma a los expedientes activos por el caso de la UNGRD. El desarrollo de este proceso dependerá de la validación del proyecto radicado ante la sala, lo que permitirá avanzar hacia la etapa de indagatoria. Por ahora, la magistrada ha cumplido con el paso de formalizar la intención de investigar a la representante del Pacto Histórico, asegurando que el «tema va avanzando» en los despachos judiciales encargados de proteger el erario público.
