El Gobierno trabaja a toda máquina para buscar la liberación de los cuatro funcionarios de la Policía y la Fiscalía que fueron enjuiciados por parte del Frente de Guerra Oriental del Ejército de Liberación Nacional (ELN).
«Acabamos de terminar una reunión muy productiva con la delegación del Gobierno nacional para las mesas de diálogo con el ELN, para revisar el protocolo que estamos adelantando con enfoque netamente humanitario para traer a nuestros cuatro funcionarios públicos», aseguró el ministro de Defensa, Pedro Sánchez.
El grupo guerrillero mantiene en su poder a Franki Hoyos Murcia y Yordin Fabián Pérez Mendoza, integrantes de la Policía, adscritos a la Dirección de Investigación Criminal (Dijín), quienes fueron “sentenciados” a 60 y 55 meses, respectivamente. A ellos se suman Jesús Antonio Pacheco Oviedo y Rodrigo Antonio López Estrada, funcionarios del CTI de la Fiscalía, quienes recibieron una pena de 36 meses de prisión.
Vera Grabe, jefe de la delegación del gobierno en las mesas de negociación con el ELN, que están suspendidas, aseguró que se trata de una «ruta humanitaria», al señalar que una eventual liberación de los secuestros sería entendido como un gesto humanitario, que podría ayudar a «aclimatar la paz y aclimatar el diálogo».
La jefe negociadora aprovechó para enviar un mensaje a los parientes de los retenidos en el que aseguró que «no están solos, que estamos buscando salidas para que sus hijos lleguen sanos, libres, salvos a su casa», afirmó.
Por su parte el general William Rincón, dijo que su institución repudia este tipo de acciones y pidió que sean liberados de inmediato los retenidos.
El secuestro y la decisión del ELN fue rechazada por la Fiscalía y la Corte Suprema de Justicia, quienes recordaron que Colombia es un Estado social de derecho regido por la Constitución de 1991, la cual establece que los únicos entes autorizados para juzgar a una personas son los jueces, las instituciones que integran la Rama Judicial y los organismos del Estado.
«La Corte Suprema de Justicia y la Fiscalía General de la Nación reiteran el llamado al respeto por la vida y la libertad de los agentes de la Dirección de Protección y Asistencia, Jesús Antonio Pacheco Oviedo y Rodrigo Antonio López Estrada, y de los integrantes de la Policía Nacional, Franki Hoyos Murcia y Yordin Fabián Pérez Mendoza, al tiempo que agradecen a las personas, organizaciones y autoridades que mantienen activos los canales humanitarios para lograr su liberación sin condicionamientos», expresaron los entes de justicia.
A esas voces de rechazo se sumó la defensora del Pueblo, Iris Marín, quien lo catalogó de inadmisible. «La libertad debería haber sido inmediata, el hecho de que hayan hecho una especie de juicio no lo valida».
Acto seguido pidió al Gobierno una atención directa a las familias y extender los canales para buscar esa libertad.
