El 82% de los colombianos estaría dispuesto a denunciar actos de corrupción si llegara a conocerlos; sin embargo, el 58% de los ciudadanos percibe que estas prácticas ya están normalizadas o son toleradas en sus territorios.
Este contraste fue revelado por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) en el encuentro “Corrupción y Crimen Organizado en Colombia”, donde se analizó cómo la corrupción actúa como el principal facilitador para la expansión de redes criminales y el lavado de activos.
El estudio, hecho en territorios priorizados de la UNODC destaca que, aunque el 73% de los encuestados conoce canales de denuncia segura y anónima, el miedo a las represalias sigue siendo el principal obstáculo para denunciar.
El informe advierte que la percepción de impunidad es alta, pues el 67% de los participantes cree que muchas personas recurren a prácticas corruptas para obtener beneficios básicos ante la ausencia de controles efectivos.
Impacto de la Línea 157 y el costo de la corrupción
En el marco del evento, se presentaron los resultados de la Línea Anticorrupción 157, una herramienta que ha permitido transformar la información ciudadana en acciones institucionales.
A la fecha, este mecanismo ha recibido más de 34.000 reportes, identificando 583 presuntos incidentes de corrupción. El impacto financiero es significativo: las denuncias han puesto bajo la lupa recursos públicos comprometidos por un valor superior a los $550.000 millones de pesos.
Asimismo, la plataforma ha sido clave para la integridad democrática, detectando 302 presuntos incidentes electorales, lo que la consolida como un filtro estratégico contra la impunidad en los procesos de elección popular.
Vínculo con el crimen organizado
Andrea Agudelo, coordinadora regional de UNODC, enfatizó que la corrupción y el crimen organizado se alimentan mutuamente de forma estructural. El desvío de fondos, el soborno y el tráfico de influencias no solo afectan el erario, sino que son los mecanismos que permiten a las estructuras criminales operar con protección en puertos y zonas de frontera.
Como ejemplo de éxito, se citó la estrategia de transparencia implementada en los puertos colombianos para combatir el tráfico de drogas y el lavado de activos, un modelo que ya está siendo exportado a países como Ecuador debido a su eficacia en el fortalecimiento de la seguridad regional y la confianza institucional.
