Se trata del Decreto 150 del 11 de febrero, que fue emitido para mitigar las afectaciones que generó un frente frío que dejó diez muertos, 150 mil damnificados y millonarios daños.
En medio del estudio que adelanta la Corte Constitucional del Decreto 150 del 11 de febrero, de emergencia económica, social y ambiental, que emitió el Gobierno para mitigar y atender los graves daños que dejó un frente frío en Montería y nueve departamentos más, los alcaldes de estas zonas del Caribe clamaron al alto tribunal para que les conceda una audiencia.
“Nos dirigimos a la honorable Corte Constitucional. A ustedes, honorables magistrados, les pedimos una audiencia para que nos escuchen y conozcan la realidad de nuestros municipios y departamentos a raíz del frente frío que afectó nuestro territorio”, manifestó el alcalde de Ayapel, Hugo Armando Pinedo.
Según el funcionario, hay una preocupación generalizada en las zonas afectadas, debido a que si la Corte decide tumbar el decreto, entonces no tendrán recursos para poder recuperarse de los graves daños que generaron las lluvias.
“Hoy le imploramos, le pedimos con todo respeto que examinen bien la decisión que van a tomar y que mantengan en firme este decreto, que es la esperanza que tenemos para la reconstrucción de nuestro territorio, para la reconstrucción de nuestra economía y de nuestras vías, para que la seguridad alimentaria de nuestro territorio pueda ser una realidad”, agregó.
Igualmente, el alcalde aseguró que los recursos del decreto son clave para poder ayudar a las miles de familias afectadas (150.000).
“Les pedimos una audiencia, escúchennos. Queremos que conozcan la realidad de nuestros territorios, de nuestro municipio, y que sepan las condiciones actuales en que se encuentran. Hoy hemos firmado una carta, la hemos dirigido a ustedes y esperamos que no sea echada de menos. Nosotros somos Colombia y también pedimos su atención, honorables magistrados”, dijo el alcalde Hugo Armando Pinedo.
A la espera del fallo de la Corte
La Corte Constitucional se encuentra analizando cada punto estipulado en el decreto y las medidas que plantea el Gobierno, por las cuales diferentes actores han intervenido con posturas encontradas. Entidades como la Defensoría del Pueblo han respaldado la declaratoria de emergencia, señalando que sus efectos siguen vigentes y requieren acciones excepcionales. En contraste, gremios como la ANDI solicitaron el 28 de abril de 2026 que el decreto sea declarado inconstitucional, argumentando que el fenómeno climático era previsible.
Actualmente, el decreto sigue vigente en términos generales, ya que no ha sido suspendido en su totalidad. Sin embargo, el alto tribunal ha adoptado decisiones provisionales. En particular, el 29 de abril de 2026 ordenó una suspensión parcial y selectiva de algunas medidas, como el cobro de la segunda cuota del impuesto al patrimonio, pero solo para fundaciones, ONG y ciertas entidades sin ánimo de lucro, no para todos los contribuyentes.
Claves del tema: cuatro preguntas
¿Por qué los alcaldes del Caribe solicitan una audiencia ante la Corte Constitucional?
Los alcaldes buscan que la Corte escuche directamente la situación crítica que viven sus territorios tras el frente frío. Consideran que la decisión del tribunal impactará la recuperación de sus municipios.
¿Qué consecuencias tendría la caída del Decreto 150?
Si el decreto es declarado inconstitucional, las regiones afectadas perderían herramientas financieras para la reconstrucción. Esto dificultaría la atención a damnificados y la recuperación económica.
¿Qué posturas existen frente al decreto de emergencia?
Algunas entidades como la Defensoría del Pueblo respaldan el decreto por la vigencia de la crisis. Sin embargo, gremios como la ANDI consideran que el fenómeno era previsible.
¿Cuál es la situación actual del decreto mientras se toma una decisión final?
El decreto continúa vigente en términos generales, aunque con algunas suspensiones parciales. La Corte ha tomado medidas provisionales sobre ciertos aspectos específicos.
