El Tribunal Superior de Bogotá confirmó la decisión de mantener la medida de aseguramiento decretada en contra de los exministros de Hacienda Ricardo Bonilla e Interior Luis Fernando Velasco, investigados por presuntos actos de corrupción dentro de la Unidad de Gestión de Riesgo (UNGRD).
La decisión resuelve el debate que se había suscitado en el proceso desde que la magistrada del Tribunal Superior de Bogotá Aura Rosero Vaquero no acogió la solicitud que había emitido la Fiscalía y la Procuraduría, de enviarlos a detención domiciliaria, sino que impuso una medida más estricta que la solicitada por las entidades: Los envió a la cárcel. Algo poco usual en estás instancias del proceso.
«La medida corre el riesgo de convertirse en una medida netamente formal , cuya voluntad queda supeditada al cumplimiento de quien tiene las llaves de su casa, circunstancia que pasa inadvertida con el riesgo expuesto», explicó la magistrada en su momento.
Con esos argumentos coincidió Alma Gertudris Chamat, magistrada del mismo Tribunal y encargada de resolver el recurso que buscaba tumbar la medida de aseguramiento. La togada explicó que la medida es nescesaria y que, como se han capturado a todos los involucrados, es nescesaria para que la red siga operando.
En su argumentación le dio plena validez a la declaración de la exasesora del Ministerio de Hacienda, María Alejandra Benavides quien señaló el especial interés que tenían ambos en contratos que estaban en poder de la UNGRD y el Invías a cambio de dádivas a congresistas.
Según el ente acusador, los ex ministros se comprometieron a entregar 79 proyectos a senadores y representantes de la Cámara que en su totalidad sumaban $612.000 millones, pero solo siete de esas iniciativas se concretaron.
La decisión, sin embargo solo afecta al exministro Velasco que continua detenido. Bonilla quedó en libertad el pasado 7 de abril por vencimiento de terminos.
La decisión fue adoptada por la magistrada Isabel Álvarez Fernández, quien concluyó que habían transcurrido más de 120 días desde la imputación, realizada el 1 de diciembre de 2025, sin que la Fiscalía presentara oportunamente el escrito de acusación, requisito clave para interrumpir ese plazo.
/Colprensa
