La Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia mantuvo en firme el llamado a juicio por el delito de cohecho contra los congresistas Karen Manrique, Wadith Manzur, Juan Pablo Gallo, Liliana Bitar, Julián Peinado y el excongresista Juan Diego Muñoz por el escándalo de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).
Esto, tras rechazar los recursos de reposición de las defensas, negar la solicitud de casa por cárcel presentada por Manrique y desestimar la impugnación de Manzur contra la medida de aseguramiento en establecimiento carcelario.
La decisión se adoptó en sesión extraordinaria celebrada este jueves, en la que el alto tribunal resolvió las peticiones radicadas contra la resolución de acusación, así como las recusaciones presentadas contra magistrados y conjueces que participaron en las votaciones previas del expediente.
Manrique seguirá en el batallón de Malambo
La reelegida representante a la Cámara por la circunscripción especial de Paz de Arauca permanecerá recluida en el Batallón de Ingenieros de Combate N°2 General Francisco Javier Vergara Velasco, ubicado en el municipio de Malambo, Atlántico, luego de que la Sala negó la solicitud de su defensa para acceder al beneficio de prisión domiciliaria.
Manrique se entregó a las autoridades a mediados de marzo en el municipio de Tame, Arauca, después de que la Corte Suprema ordenó su captura el pasado 11 de marzo, once días después de que asegurara su reelección al Congreso con 5.640 votos.
La congresista había recusado a los conjueces Alfredo Rey Córdoba y Javier Fernando Fonseca Alvarado, así como a la magistrada Cristina Lombana, quienes votaron a favor de enviarla a la cárcel. En su recusación alegó vulneraciones al debido proceso y aseguró que ni siquiera se leyeron los más de mil folios del expediente. La Sala rechazó esas pretensiones.
Sobre los pasos siguientes, la Corte precisó que «su defensa puede reponer ese punto que es un hecho nuevo». El alto tribunal añadió que «si no presentan el recurso de reposición la decisión queda en firme y pasa a la Sala de Primera Instancia», y que en caso de presentarlo «toca resolverlo antes de enviarlo a juzgamiento».
Manzur permanece en la Escuela de Carabineros
El senador electo del Partido Conservador, Wadith Manzur, continuará recluido en la Escuela de Carabineros de Bogotá.
La defensa argumentó un trato diferencial entre los acusados, al señalar que la Sala decidió enviar solo a dos de ellos a la cárcel —Manzur y Manrique—, pese a que las condiciones que sustentaron la medida «les aplican a los demás» investigados que enfrentan el proceso en libertad.
El equipo jurídico del senador también recusó al magistrado Héctor Alarcón por supuestas «anomalías valorativas» en su postura, al señalar que cambió su voto entre dos decisiones del proceso. En la determinación del 24 de julio de 2025, Alarcón había votado en contra de imponer medida de aseguramiento, mientras que el 11 de marzo respaldó la acusación y el envío a la cárcel, sin que, según la defensa, existieran pruebas sobrevinientes.
Otro de los alegatos planteó que el magistrado avaló inferencias sobre la existencia de una organización criminal para sustentar el peligro para la comunidad, pese a que, según el procesado, la propia Sala había concluido en la decisión de 2025 que no existían elementos para inferir vínculos de los investigados con estructuras criminales. Esa recusación también fue rechazada.
Manzur aseguró, tras su entrega al Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), que asumirá el juicio con «la tranquilidad de haber actuado siempre conforme a la ley» y reiteró que las acusaciones responden a su posición técnica en los proyectos de crédito y a su rol como opositor del Gobierno.
El origen del expediente
La justicia señaló a los entonces integrantes de la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público de negociar contratos de la UNGRD en Córdoba, Bolívar y Arauca a cambio de apoyar los créditos que solicitaba la Nación a través del Ministerio de Hacienda, encabezado en ese momento por el imputado Ricardo Bonilla.
Las pruebas recolectadas determinaron que el desvío de recursos generó un costo al erario de 92.000 millones de pesos a partir de sobrecostos en la compra de carrotanques para La Guajira, hechos por los cuales permanecen en prisión los exministros Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco desde finales de 2025.
El abogado de Manrique, Andrés Garzón, había explicado que las acciones de su clienta respondieron a un paro cívico y cuentan con el amparo de la Ley Quinta de 1992. Advirtió que la representante «no va a aceptar los cargos, no va a confesar» y precisó que la estrategia en los estrados se concentrará en «demostrar que Karen Manrique no cometió ningún delito».
El senador liberal Juan Pablo Gallo desestimó las visitas a las instalaciones de la UNGRD y afirmó que «quieren callarme o quieren amedrentarme, pero no lo van a conseguir». La senadora conservadora Liliana Bitar negó la intermediación en la adjudicación de contratos a cambio de votos y sostuvo que «no he hecho ninguna gestión, en mi calidad de senadora, ante dicha entidad». El representante Julián Peinado señaló que mantuvo un comportamiento «transparente en cada una de mis actuaciones».
Frente a la formulación de cargos por cohecho, las defensas cuestionaron el carácter delictivo de las gestiones ante el Gobierno al sostener que la búsqueda de proyectos regionales hace parte de las funciones parlamentarias, planteamiento que replicó los argumentos expuestos por los magistrados disidentes César Reyes y Marco Antonio Rueda.
/Colprensa.
