El incremento del impuesto a la propiedad dejó de ser un asunto meramente técnico. El bolsillo de las familias campesinas está resentido. Las protestas de los propietarios no surgen porque sí; responden a una inconformidad que se ha venido acumulando frente a un impuesto que no guarda relación con lo que realmente producen sus tierras. No es un reclamo aislado: es un síntoma de algo que se viene manejando mal desde el diseño mismo de la política.
El catastro multipropósito, incorporado como eje del Plan Nacional de Desarrollo 2022 -2026 -Ley 2294 de 2023-, fue presentado como una herramienta necesaria para ordenar el territorio y mejorar la información predial. En principio, la idea es correcta. El país necesita actualizar su catastro. El problema no está en el instrumento, sino en la forma como se está aplicando, sin medir con suficiente rigor sus efectos sobre la realidad económica rural. En este proceso, el papel del IGAC es determinante. A esta entidad le corresponde actualizar los avalúos que sirven de base para el impuesto predial. Y es precisamente allí donde se origina buena parte del problema: incrementos significativos en los avalúos que no guardan relación con la productividad de los predios ni con los ingresos reales de sus propietarios. En otras palabras, se actualiza el valor fiscal de la tierra, pero no se mira si esa tierra realmente genera lo que ese valor supone. El efecto es inmediato a mayor avalúo, mayor impuesto. Y esto ocurre incluso sin modificar las tarifas municipales.
Por eso, resulta equivocado trasladar la responsabilidad a los alcaldes. Los municipios administran el impuesto, sí, pero no definen los avalúos bajo el esquema actual. Su margen de acción es limitado frente a decisiones que vienen definidas desde el nivel nacional.
A esto se suma un elemento que tampoco puede ignorarse: el papel del Congreso de la República, pues la Ley 2294 de 2023 fue aprobada sin un debate suficiente sobre los efectos concretos que tendría la actualización catastral en la tributación predial, especialmente en zonas rurales. Se legisló sobre una herramienta de alto impacto sin establecer con claridad mecanismos de transición, límites o salvaguardas. Y eso hoy se está pagando en el territorio.
En ese contexto, los alcaldes terminan en la primera línea de presión, son quienes reciben las quejas, las protestas y el inconformismo ciudadano, pero no son quienes diseñaron la política. Se les exige responder por decisiones que, en lo fundamental, no les corresponden. Esa distorsión ha contaminado el debate público. El malestar en el campo tiene fundamento.
Se está afectando la capacidad de pago y el principio de equidad tributaria establecido en el artículo 363 de la Constitución. Cuando el valor fiscal de la tierra crece más rápido que lo que esa tierra produce, el impuesto deja de ser razonable y se convierte en una carga difícil de sostener. En muchos casos, incluso, en una amenaza para la permanencia en el campo.
Y ahí aparece un riesgo mayor. Un sistema tributario mal calibrado puede terminar desincentivando el uso productivo de la tierra, empujando a la informalidad o al abandono. Es decir, exactamente lo contrario de lo que se busca con una política de ordenamiento territorial. La discusión de fondo no es si el catastro multipropósito debe existir. Es evidente que el país necesita esa herramienta. El problema es cómo se está implementando.
