La Corte Suprema de Justicia reunió este jueves a los presidentes de las altas cortes, al alcalde de Bogotá, a la Fiscal General de la Nación, al Procurador General y a la Vicedefensora del Pueblo para analizar el hacinamiento carcelario que afecta al sistema penitenciario colombiano y que se extiende, además de las cárceles, a estaciones de policía y sedes de la Fiscalía en todo el país.
La reunión se enmarcó en el seguimiento al Estado de Cosas Inconstitucional (ECI) que la Corte Constitucional declaró en 1998 sobre las cárceles nacionales, una figura jurídica que indica que la violación de derechos fundamentales de los reclusos es sistemática y generalizada.
Casi 28 años después de esa declaración, las instituciones volvieron a sentarse a buscar salidas a lo que la Corte Suprema denominó como una «problemática estructural del sistema penitenciario».
El presidente de la Corte Suprema, Iván Mauricio Lenis, señaló la importancia de que las entidades convocadas trabajen desde «sus respectivas competencias y objetivos misionales» en propósitos comunes que se traduzcan en «soluciones prontas y perdurables para enfrentar la problemática en los sitios de reclusión».
En la jornada participaron además de Lenis; el presidente de la Sala de Casación Penal, Carlos Roberto Solórzano; la presidenta de la Corte Constitucional, Paola Meneses; el magistrado Jorge Enrique Ibáñez; así como Fredy Hernando Ibarra, presidente de la Sección Tercera del Consejo de Estado; el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán; la Fiscal General, Luz Adriana Camargo; la vicedefensora del Pueblo, Paula Cristina Aponte; y el Procurador, Gregorio Eljach.
Cada institución identificó acciones propias según su función y propuestas conjuntas. Hubo consenso en la necesidad de revisar la política pública criminal, la política de seguridad y su relación con la política carcelaria, así como el régimen de competencias y recursos que corresponde asumir a las entidades territoriales.
Las instituciones también acordaron compartir reportes entre el Inpec, la Policía y el Consejo Superior de la Judicatura para fortalecer los sistemas de información de la Defensoría del Pueblo —denominados Aurora, Celeste y María— con el fin de mejorar la atención a las personas privadas de la libertad.
La reunión retomó los esfuerzos interinstitucionales iniciados en junio de 2024. La Corte Suprema ha venido trabajando con la Defensoría del Pueblo y la Fiscalía General de la Nación en brigadas jurídicas, la interpretación y aplicación de la Ley de Utilidad Pública, el fortalecimiento de modelos de atención al ciudadano y una mayor presencia institucional en las regiones.
BOGOTÁ, (Colprensa).
