La Procuraduría General de la Nación requirió información a las directivas del Establecimiento Penitenciario de Mediana Seguridad y Carcelario de San Gil, en Santander, para verificar las medidas adoptadas frente al brote de tuberculosis detectado en ese centro de reclusión, donde habría al menos 29 personas contagiadas entre internos y funcionarios del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec).
La actuación preventiva del organismo de control comenzó luego de que la Secretaría de Salud de San Gil confirmara, a través de medios de comunicación, la aparición de un cuadro infeccioso en el penal.
El requerimiento del Ministerio Público pidió a las autoridades penitenciarias un informe detallado sobre el número actual de casos detectados y el estado de salud de cada uno de los afectados. La Procuraduría también solicitó información sobre la existencia de zonas de aislamiento dentro del establecimiento, su capacidad y las condiciones en las que permanecen los pacientes.
El ente de control requirió, además, establecer qué entidad presta los servicios médicos y de enfermería en la cárcel de San Gil, así como conocer los protocolos sanitarios y de atención que fueron implementados para contener la emergencia de salud pública.
La Procuraduría Provincial de Instrucción de San Gil indicó que el objetivo de estas acciones es verificar que se estén garantizando condiciones adecuadas de atención y prevención para evitar una mayor propagación de la enfermedad dentro del centro penitenciario y proteger los derechos fundamentales de las Personas Privadas de la Libertad.
El brote en San Gil se suma al registrado días atrás en la cárcel San Sebastián de Ternera, en Cartagena, donde las autoridades de salud confirmaron 17 casos de tuberculosis y la aparición de pacientes con varicela. En ese penal, el sindicato de trabajadores del Inpec señaló que las condiciones de salubridad del centro de reclusión estarían incidiendo en la propagación de la enfermedad.
Los dos brotes ocurrieron después de que la Sala Especial de Seguimiento de la Corte Constitucional ordenara, el 10 de diciembre de 2025, un plan sanitario de emergencia para detener los contagios de tuberculosis en Antioquia y Santander. En esa decisión, el tribunal determinó que el hacinamiento y la ausencia de medidas mínimas de salubridad exponían al contagio a internos, guardias, personal administrativo y familiares en estaciones de policía y cárceles.
El fallo de la Corte ordenó realizar tamizajes a todas las personas que ingresen al sistema o presenten síntomas respiratorios y establecer zonas de aislamiento respiratorio con ventilación adecuada para los casos sospechosos o confirmados. El tribunal también prohibió el traslado de presos entre centros de reclusión si no contaban con una certificación médica que demostrara que no eran contagiosos, salvo en casos de transporte sanitario especializado.
La decisión judicial dispuso garantizar el suministro ininterrumpido de los medicamentos para el tratamiento de la tuberculosis, que deben entregarse bajo supervisión directa, y ordenó al Ministerio de Salud brindar asistencia técnica a los entes territoriales, así como a la Superintendencia Nacional de Salud vigilar el cumplimiento de los protocolos de detección y tratamiento.
/COLPRENSA
