La Red de Veedurías Ciudadanas radicó ante el Consejo de Estado una demanda de pérdida de investidura contra nueve congresistas, acción judicial que busca su muerte política por la presunta participación en el esquema de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) y la supuesta gestión de contratos a cambio de apoyo legislativo.
El recurso incluyó en la lista de demandados a los congresistas Martha Peralta, Berenice Bedoya, Julio Elías Chagüi, Juan Loreto Gómez Soto, Liliana Esther Bitar Castilla, Juan Pablo Gallo Maya, Wadith Manzur, Julián Peinado Ramírez y Karen Manrique.
El documento argumentó que los parlamentarios incurrieron en tráfico de influencias y violación del régimen de incompatibilidades. La demanda se sustentó en los testimonios entregados por los exdirectivos Olmedo López y Sneyder Pinilla, quienes señalaron que los legisladores recibieron beneficios contractuales para favorecer el trámite de las reformas del Gobierno.
Antecedentes en la Corte Suprema
Esta acción administrativa se sumó al proceso penal que la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia adelanta desde 2024 contra cinco de los mencionados, miembros de la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público (CICP).
El alto tribunal vinculó formalmente hace más de un año a Liliana Bitar, Juan Pablo Gallo, Wadith Manzur, Julián Peinado y Karen Manrique por el delito de cohecho impropio. La investigación estableció indicios sobre un patrón de votaciones a finales de 2023, periodo en el que la Comisión emitió trece conceptos de crédito gestionados por el Ministerio de Hacienda, presuntamente a cambio de direccionar recursos a Cotorra (Córdoba), Saravena (Arauca) y Carmen de Bolívar.
Los congresistas rindieron indagatoria en el Palacio de Justicia en diciembre de 2024, fecha en la que el tribunal inició la recolección de testimonios y pruebas documentales sobre el caso.
Desde el inicio de las investigaciones, los congresistas rechazaron los señalamientos. El senador Juan Pablo Gallo calificó en su momento las acusaciones como una estrategia de amedrentamiento contra la oposición y aseguró a Noticias Caracol: «Jamás, no los conozco, nunca los he visto, ni reuniones privadas, ni he pisado la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo».
La senadora conservadora Liliana Bitar negó cualquier gestión ante la entidad, mientras que el representante Wadith Manzur sostuvo que no conoció a Olmedo López. Por su parte, Julián Peinado afirmó ser «transparente en cada una de mis actuaciones» y Karen Manrique desestimó las acusaciones sobre supuesta financiación al ELN en Arauca.
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