En total suspenso se mantienen los 99 hombres y mujeres de la Coordinadora Nacional Ejercito Bolivariano, quienes entregaron armas en medio de la paz total del gobierno anterior, en medio del anuncio de la extradición de Geovany Andrés Rojas, alias «Araña».
Aunque el máximo jefe estaba hace unos meses en custodia de las autoridades, pese a que se tenía una orden de extradición en firme, la solicitud no se había hecho efectiva por parte del entonces presidente, Gustavo Petro, con el limitante de presuntas acciones que haría en favor de la paz en el país.
Con la llegada de Abelardo de la Espriella al poder se ordenó la extradición de Rojas y se hicieron cuestionamientos sobre el futuro de esta Zona de Ubicación Temporal (ZUT), instalado el pasado 17 de junio, y a donde se trasladaron los 86 hombres y 13 mujeres que entregaron armas y se encuentran en actividades de reintegración a la sociedad civil.
Según el jefe de Estado, la firma de la extradición de Rojas otros cuatro miembros de grupos armados ilegales se tomó porque estaban protegidos en la política de «Paz Total» de la anterior administración, que en su concepto «fracasó».
“No una política que termine convirtiendo el diálogo en un mecanismo de impunidad. La llamada paz total fracasó estruendosamente en su propósito fundamental porque abrió espacios y concedió beneficios a integrantes de estructuras criminales sin que en casos como los que hoy nos ocupan se acreditaran aportes verificables y resultados concretos para la consecución de la paz”, señaló.
Tras la visita de Colprensa a esta ZUT ubicada en La Hormiga, Putumayo, los 99 hombres y mujeres aseguraron que, sin importar el futuro de su máximo comandante «Araña» y la presunta extradición a los Estados Unidos, ratificaban su posición de seguir en su proceso de reintegración con el gobierno de de la Espriella.
En una comunicación dirigida al mandatario, los 99 firmantes aseguraron que su decisión de abandonar las armas es “irreversible” y solicitaron que el nuevo Gobierno dé continuidad y garantías al proceso que adelantan junto con sus familias y las comunidades de la región.
A esta situación se sumaron ex funcionarios del gobierno Petro que estuvieron cercanos en este proceso de paz, como el exnegociador de la delegación Armando Novoa, quien expresó su rechazo a las declaraciones del Presidente de no encontrar informes sobre avances en esta mesa de diálogos de paz.
Según explicó, se presentó el informe de gestión al presidente, la Fiscal General, y los ministros de Defensa e Interior, así como al alcalde y gobernador de la zona “en donde con cifras y datos se demuestra que hubo un avance tangible en lo que se relaciona con la pacificación en esas dos regiones del país y con la manifestación que hizo el grupo de lograr un acuerdo para su tránsito definitivo a la vida civil”.
No obstante, Novoa confió en que luego de la extradición de Rojas, tanto el Gobierno como los 99 hombres y mujeres asentados en la ZUT logren un diálogo y puedan buscar soluciones ante estos primeros pasos que se han dado en búsqueda de la paz en estas zonas alejadas, como el caso del Putumayo.
La incertidumbre del futuro de estos hombres y mujeres en un departamento históricamente afectado por la violencia, sumado al recrudecimiento de mismo aumentan los riesgos de el futuro incierto de esta ZUT.
