La Contraloría General de la República alerta que cerca de 135.000 niños, niñas y adolescentes del departamento del Magdalena se han visto afectados por la interrupción del Programa de Alimentación Escolar (PAE), debido a retrasos administrativos, contractuales y presupuestales por parte de la Entidad Territorial Certificada (ETC) Magdalena.
A la fecha, el servicio solo se ha prestado 90 de los 205 días lectivos del calendario académico 2025. La Unidad Administrativa Especial de Alimentación Escolar – Alimentos para Aprender (UApA), asignó en 2025, $20.700 millones para su ejecución y hoy el servicio se encuentra suspendido.
En este sentido, el programa inició tardíamente el 28 de abril y se suspendió nuevamente el 19 de septiembre, afectando a los estudiantes de los 28 municipios no certificados del departamento.
La Gerencia Departamental de la Contraloría General de la República en Magdalena informó que la ETC aún gestiona la aprobación de un proyecto financiado con recursos del Sistema General de Regalías (SGR) 2025–2026 para cubrir los días restantes del calendario escolar, los cuales de acuerdo con la información presupuestada para 2025 ascienden a $65.000 millones aproximadamente.
Conforme a lo indicado por la Gobernación se advierte que por la demora en los procesos contractuales el mayor riesgo es que no se reanude este año, afectando la alimentación escolar de los estudiantes del departamento.
DEBÍA GARANTIZARSE
La Contraloría General de la República le recuerda a las Entidades Territoriales Certificadas que de conformidad con la Ley 2167 de 2021, el servicio de alimentación escolar debe garantizarse de forma oportuna y continua desde el primer día de clases.
Asimismo, hizo un llamado a la ETC Magdalena para cumplir con los procesos administrativos y presupuestales que aseguren la prestación completa y de calidad del PAE en el territorio; la Contraloría hará seguimiento para buscar que la prestación del servicio del programa se restablezca.
La Contraloría General de la República lamenta profundamente que la falta de articulación interinsitucional generen problemáticas que afecten la calidad de vida de nuestros niños, niñas y adolescentes, y en este caso particular, que no se cumplan los propósitos de la alimentación escolar en el departamento, afectando a 135.000 estudiantes en lo que resta del calendario académico de 2025.
PAE TIENE UN ´HUECO´ DE $ 1.3 BILLONES
De otro lado, el contralor general de la República, Carlos Hernán Rodríguez Becerra, en el marco del Foro “Una mirada a la Alimentación Escolar en Colombia” presentó los resultados de la Evaluación de la Ejecución de la Política Pública del Programa de Alimentación Escolar PAE en el país. Durante su intervención, reveló preocupantes falencias en la implementación del programa, las cuales han afectado directamente el acceso a la alimentación escolar de niños, niñas y adolescentes en instituciones educativas oficiales del país.
Una de las principales problemáticas del Programa de Alimentación Escolar (PAE) es la recurrente desfinanciación del programa. En 2025, el PAE beneficia a 5.571.156 estudiantes, con un monto de $5,27 billones. Sin embargo, para cubrir a los 1.282.089 estudiantes que NO reciben el alimento escolar, se requerirían $1,21 billones adicionales.
En las vigencias 2024 y 2025, en relación con el PAE, la Contraloría evidenció 30 hallazgos fiscales por cuantía de 7.974 millones, de los cuales el 48% corresponde a sobrecostos y el 47% a pagos sin soportes de ejecución; en el periodo 2020 a 1er semestre de 2025, el PAE ya suma más 813 hallazgos, de estos 185 con incidencia fiscal por más de $ 55.500 millones, de estos, más de $33.000 millones por sobrecostos, 61% del total detectado.
En estudio realizado por la Contraloría Delegada para el Sector Educación, Cultura y Deporte sobre la vigencia 2023, se evidenció que, aunque se han registrado mejoras significativas, todavía existen retos para garantizar una implementación equitativa y efectiva, especialmente en las regiones y poblaciones más vulnerables. Desde su implementación, el PAE ha enfrentado desafíos significativos, como retrasos en la contratación, problemas en el suministro de alimentos, suspensiones temporales y dificultades en la prestación del servicio.
También se detectó que, aunque el PAE presenta una distribución relativamente equitativa de los recursos, persisten disparidades significativas entre regiones, asociadas a factores geográficos, socioeconómicos y de inseguridad alimentaria. Regiones como Llanos, Pacífico y Centro Sur, que registran los niveles más bajos de seguridad alimentaria, reciben, en términos per cápita, menores asignaciones de recursos del programa.
En 2023 el PAE alcanzó una cobertura del 79% de los niños, niñas y adolescentes en edad escolar. Sin embargo, de los 32 departamentos, el 60% (es decir, 19 departamentos, más de la mitad) se encuentran por debajo del promedio nacional. Departamentos como Amazonas, Casanare y Guaviare no alcanzan ni el 50% del cubrimiento de la población estudiantil. De las entidades territoriales certificadas en Educación, Sahagún es un caso crítico con una cobertura de 23% aproximada de los estudiantes del sector oficial en el 2023. La CGR espera que esta última ETC aumente su cobertura a 50% en 2026, y que se siga avanzado en tal propósito a nivel nacional.
