La presunta falta disciplinaria la cometió cuando se desempeñó como Alcalde de Santa Marta.
La Procuraduría General de la Nación formuló cargos contra el actual Gobernador de Magdalena, Rafael Alejandro Martínez por convenios que firmó cuando era alcalde de Santa Marta, entre 2016 y 2019, porque los suscribió mientras estaba vigente la Ley de Garantías .
Los convenios, por más de $1.000 millones, fueron firmados con la Fundación para el Fortalecimiento del Estado y la Comunidad Fundec, para implementar acciones integrales para garantizar el bienestar y la paz de la población en situación de vulnerabilidad, en la Localidad Histórica Dos Rodrigo de Bastidas y la divulgación y promoción de iniciativas de paz en ese Distrito.
Según el Ministerio Público, luego de revisar la documentación se encontró que, aparentemente, fueron celebrados de forma directa y en época electoral, es decir, 4 meses antes de las elecciones, que se llevaron a cabo el 27 de octubre de 2019.
Este tipo de contratación, por ley, está prohibida durante este periodo preeelectoral.
Ninguno de los convenios estaba cobijado por las causales que permiten la contratación directa, incluso sin estar vigente la ley de garantías.
La conducta de Martínez fue calificada provisionalmente como grave a título de culpa grave /Oficina de Prensa Procuraduría
