La defensa de la excongresista Sandra Ramírez solicitó a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) que la diligencia de versión voluntaria prevista para este miércoles 4 de noviembre, en medio de la investigación por reclutamiento de menores y violencia sexual en las extintas Farc, se realice por escrito y no mediante una audiencia presencial.
En el documento presentado ante la Jurisdicción, la defensa solicita que se sustituya la audiencia presencial por una versión voluntaria escrita, al alegar que «la campaña sostenida de hostigamiento mediático y las amenazas de muerte recibidas», sería razón de peso para que le sea concedido el beneficio.
«La similitud estructural entre el caso Cepeda Vargas y la situación actual de Sandra Ramírez, quien fue congresista de un partido surgido de un proceso de paz, sometida a estigmatización pública sistemática previa a las amenazas de muerte exige a la Honorable Magistratura actuar con la mayor diligencia para evitar que la advertencia histórica del precedente UP se repita», reclamó la solicitud de la defensa.
Para ello, pidió que se remita a Ramírez un cuestionario con las preguntas sobre los hechos investigados, las demandas de verdad de las víctimas y los interrogantes formulados por la Procuraduría.
La solicitud también plantea que, una vez recibido el cuestionario, se le conceda a la compareciente un plazo no inferior a 30 días para responderlo.
Luego de que se conociera la misiva, Deisy Guanaro, víctima acreditada en el Caso 07, y quien lleva varios años denunciando a Ramírez por reclutamiento y violencia sexual cuando era una niña, rechazó la petición y pidió a la JEP mantener la fecha prevista.
“¡Diez años han sido suficientes! ¿Cuánto más deben esperar las víctimas?”, cuestionó Guanaro, a través de su cuenta de X.
Ramírez fue citada por la Sala de Reconocimiento de Verdad en el marco del Caso 07, que investiga el reclutamiento y utilización de niñas y niños durante el conflicto armado, así como hechos de violencia sexual.
La diligencia busca establecer qué funciones desempeñó dentro de las Farc, qué capacidad de influencia tuvo en la organización y si conoció o intervino en los hechos investigados.
La Sala también busca esclarecer el alcance de la relación que mantuvo con Pedro Antonio Marín, conocido como ‘Manuel Marulanda’ o ‘Tirofijo’, máximo comandante de esa guerrilla, y si esa cercanía le otorgó algún poder de decisión dentro de la estructura.
BOGOTÁ, (Colprensa).-
