La prevención de bloqueos viales y la construcción de canales de diálogo entre comunidades e instituciones se mantienen como una de las prioridades de la Secretaría del Interior del Magdalena, que continúa desarrollando acciones orientadas a garantizar la movilidad, preservar el orden público y promover la resolución pacífica de los conflictos en el territorio.
En el marco de esta estrategia, la administración departamental viene fortaleciendo la articulación con alcaldías, organismos de seguridad, entidades nacionales y empresas de servicios públicos, con el propósito de anticipar situaciones que puedan derivar en cierres de vías y generar afectaciones a la ciudadanía.
La Gobernación reiteró que respeta y garantiza derechos fundamentales como la protesta social, la libre expresión y la libre movilización. No obstante, también trabaja para evitar que las vías de hecho impacten negativamente la movilidad de los ciudadanos, el transporte de bienes y servicios, la actividad económica y el acceso de las comunidades a servicios esenciales.
Las acciones preventivas se concentran en corredores considerados estratégicos para la conectividad del departamento, entre ellos la Troncal del Caribe, especialmente en los sectores de Palermo, jurisdicción de Sitionuevo, y Tasajera, en Puebloviejo. De igual manera, se adelantan esfuerzos en la Troncal de Oriente, en varios corregimientos de la Zona Bananera, y en la Troncal de los Contenedores, que comunica a municipios como Ariguaní, Nueva Granada y Plato.
Como parte de las medidas implementadas, la Secretaría del Interior llevó a cabo la socialización del Decreto y Protocolo de Acciones Preventivas, Concomitantes y Posteriores para la Garantía del Derecho a la Protesta Social, la Manifestación Pública y la Libre Expresión en el Departamento del Magdalena.
Este instrumento establece las directrices para la atención y manejo de las manifestaciones, definiendo mecanismos de coordinación institucional que permitan garantizar los derechos de quienes participan en las protestas, al tiempo que se protegen los derechos de la ciudadanía en general.
Durante la jornada, las entidades participantes revisaron procedimientos de actuación, mecanismos de concertación y estrategias de respuesta temprana ante posibles situaciones de conflictividad social, fortaleciendo así la capacidad institucional para prevenir cierres viales y atender oportunamente las demandas de las comunidades.
