La Corte Suprema de Justicia le cerró a Santiago Uribe la última puerta que le quedaba. La Sala de Casación Penal rechazó por improcedente el recurso extraordinario de casación que presentó su defensa contra el fallo que ratificó su condena a 28 años de prisión por el grupo paramilitar Los 12 Apóstoles. Con esa decisión, contra la cual no procede ningún recurso, queda cerrada la discusión judicial ordinaria y el siguiente paso es la orden de captura.
Para entender la jugada hay que ver de dónde venía el caso. A Uribe lo absolvieron en primera instancia, pero el Tribunal Superior de Antioquia revocó esa decisión y lo condenó. Como era su primera condena, tenía derecho a que un juez superior la revisara: esa revisión se llama impugnación especial, y la resolvió la propia Corte Suprema cuando, el 3 de junio, confirmó los 28 años.
Con esa revisión ya agotada, Granados intentó algo más. A los dos días radicó un recurso de casación, otro mecanismo excepcional para pedir que se anule un fallo por errores graves, con el que buscaba que la Corte volviera a mirar el caso una vez más.
El problema es que la ley no dice si ese segundo recurso cabe después de una impugnación especial. El propio Granados lo reconoció: habló de un «vacío normativo» y le pidió a la Corte llenarlo a favor de su cliente, dándole prioridad a las garantías del condenado por encima de las reglas de procedimiento.
*Por qué la Corte dijo no*
La respuesta del tribunal fue corta: esa garantía ya se había cumplido. La Sala explicó que el derecho a que la condena fuera revisada por un juez superior se agotó cuando ella misma confirmó el fallo del Tribunal de Antioquia, y que no quedaba una segunda revisión por hacer.
La sentencia que ahora se cuestionaba, explicó la Sala, fue dictada en ejercicio de sus funciones como tribunal de cierre, con lo que ya se había garantizado la doble conformidad y quedaba «concluida toda discusión procesal».
La pena se remonta al fallo del Tribunal Superior de Antioquia, que en noviembre de 2025 halló a Uribe coautor del homicidio agravado del conductor Camilo Barrientos y responsable de concierto para delinquir agravado, ambos como delitos de lesa humanidad. La Corte confirmó esa sentencia el 3 de junio y dejó la pena en 28 años y cuatro meses, además de una multa de 6.500 salarios mínimos y veinte años de inhabilidad para ejercer cargos públicos.
Según la justicia, Uribe conformó y dirigió Los 12 Apóstoles, una estructura armada que operó en el norte de Antioquia entre 1990 y 1994 desde la hacienda La Carolina, en Yarumal. Ese grupo ejecutó una política de «limpieza social» contra personas señaladas como delincuentes o como presuntos colaboradores de la guerrilla.
El desenlace golpea de lleno al uribismo. Santiago Uribe es hermano del expresidente Álvaro Uribe, la figura más influyente de la derecha colombiana en las últimas dos décadas, que cuando llegó la condena en segunda instancia la describió como un golpe para su familia.
Con la condena en firme y sin recursos pendientes, lo que sigue es la captura para que Uribe empiece a cumplir la pena.
Queda, además, un frente abierto que el propio proceso dejó servido: la investigación que ordenó el Tribunal para establecer la responsabilidad de Uribe en los demás homicidios atribuidos a Los 12 Apóstoles, una estructura que los registros judiciales vinculan con cientos de muertes en el norte antioqueño.
/Colprensa.
