El general del Ejército (r) Mario Montoya volverá a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) para hablar sobre «falsos positivos», el mismo Tribunal de la justicia transicional ante el que se negó a aceptar cargos por su presunta responsabilidad en crímenes de Estado en Antioquia.
Montoya fue citado este lunes y martes en el marco de la fase nacional de la investigación del Caso 03 que prioriza el análisis de las presuntas responsabilidades de los más altos mandos del Ejército en este fenómeno criminal, entre 2005 y 2008.
La diligencia será presidida por los magistrados Óscar Parra y Catalina Díaz y en ella se le preguntará al exalto oficial por hechos ocurridos durante el tiempo en que fue comandante de la Primera División del Ejército, del Comando Conjunto Caribe No. 1 y del Ejército, cargos que ocupó entre finales de 2003 y noviembre de 2008.
«La diligencia busca recaudar información que permita esclarecer si los patrones macrocriminales documentados por la JEP en Antioquia, Norte de Santander, la Costa Caribe, Casanare, Meta y Huila fueron replicados en otros territorios y respondieron a factores comunes de alcance nacional», informó la JEP.
Dentro de esa misma fase de investigación, la JEP ha llamado a versión voluntaria a integrantes del Estado Mayor del Comando del Ejército Nacional, es decir, a oficiales que asesoraban al comandante del Ejército en la planeación y toma de decisiones. Asimismo, ha llamado a oficiales adscritos a la Inspección General del Ejército y de las Fuerzas Militares, responsables de verificar el cumplimiento de las políticas y disposiciones institucionales y de tramitar denuncias por graves violaciones a los derechos humanos.
En el marco de esta investigación, la Sala ha encontrado que entre 2005 y 2008, desde el Comando de las Fuerzas Militares se emitieron directivas y circulares orientadas a exhortar a las unidades militares al respeto de los derechos humanos y del Derecho Internacional Humanitario.
Sin embargo, como ya lo ha establecido la JEP en distintos subcasos territoriales —Antioquia, Casanare, Catatumbo, Costa Caribe, Huila y Meta—, las muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combate continuaron ocurriendo.
Según lo documentado hasta ahora por la sala, esta práctica criminal se detuvo en octubre de 2008, cuando 27 oficiales fueron llamados a calificar servicios por el entonces Presidente de la República, luego de conocerse los resultados de la inspección adelantada por una comisión transitoria liderada por el mayor general (r) Carlos Arturo Suárez Bustamante.
El oficial fue escuchado por la Sala de Reconocimiento de Verdad en una diligencia en la que se le preguntó por la conformación, funcionamiento y resultados de esa comisión.
- colprensa
