A dos días de la primera vuelta presidencial, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) le exigió al Estado colombiano garantizar la seguridad de quienes aspiran a la Presidencia. El organismo dijo estar preocupado por la seguidilla de amenazas, atentados y secuestros que ha marcado la campaña y que ha golpeado por igual a la izquierda y a la derecha.
Los hechos de violencia ocurridos en la campaña han incluido, además del asesinato del precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, el asesinato de dos coordinadores de la campaña de Abelardo de la Espriella en el Meta, Rogers Mauricio Devia, exalcalde de ese municipio, y su asesor Fabián Cardona, el intento de secuestro del senador Alexander López, y otros ataques contra dirigentes políticos.
Según la Misión de Observación Electoral (MOE), 386 municipios —un tercio del país— tienen algún nivel de riesgo para las elecciones: 139 en riesgo extremo, 122 en alto y 125 en medio.
Los departamentos con más municipios en situación extrema son Cauca y Antioquia, seguidos de Arauca, Cesar, Caldas y Chocó. No es casualidad que el atentado contra López ocurriera justamente en el Cauca, uno de los epicentros de esa disputa.
¿Qué ha hecho el Estado?
El Gobierno ha respondido a esta amenaza con el Plan Democracia 2026, que ordena el trabajo de la Fuerza Pública en las fases previa, electoral y posterior a los comicios, y coordina con las autoridades civiles y electorales la protección de las personas en riesgo.
En paralelo activó, meses antes del ciclo electoral, el Comité de Coordinación y Recomendación de Medidas de Protección (Cormpe). Ese comité ya sesionó 18 veces y entrega esquemas de seguridad a los 26 candidatos inscritos.
Desde el 8 de marzo, el Estado reforzó la protección de los aspirantes a la Presidencia y la Vicepresidencia con más de 460 policías, 260 integrantes de la Unidad Nacional de Protección (UNP) y 94 vehículos blindados. Esos esquemas se revisaron y ampliaron el 24 de abril.
A eso se suman más de 11.400 miembros de la Fuerza Pública y de organismos de seguridad desplegados en el territorio para acompañar a los candidatos.
La Procuraduría General de la Nación, por su parte, creó una comisión temporal para vigilar que se cumplan las recomendaciones que hizo la Defensoría del Pueblo en su Alerta Temprana 013-2025 sobre el proceso electoral. En ese espacio se ha resaltado la diligencia en las investigaciones, la inclusión del enfoque de género y la apertura de nuevos canales, virtuales y presenciales, para recibir denuncias por ataques al derecho a participar en política.
Frente a ese panorama, la CIDH le recordó al Estado su obligación de garantizar el ejercicio de los derechos políticos en condiciones seguras y de igualdad. Pidió medidas de prevención, protección e investigación, junto con políticas que empujen la desmovilización de los grupos armados.
