La ministra de Agricultura, Martha Carvajalino, advirtió que no no se debe burocratizar ni debilitar la capacidad del Estado para entregar tierras, porque esto frenaría la reforma agraria que el país lleva intentando hacer por más de 60 años.
Carvajalino se pronunció ampliamente a través de la red social X tras conocerse un documento de observaciones de la Corte Suprema de Justicia enviado al Congreso, en el cual se propone retirar a la Agencia Nacional de Tierras (ANT) la facultad legal de administrar y adjudicar bienes baldíos.
Aunque el alto tribunal emitió posteriormente un comunicado aclarando que dicho texto no recoge su posición oficial, la funcionaria consideró urgente precisar seis puntos clave para defender el avance de la Reforma Agraria frente al proyecto de ley de la Jurisdicción Agraria.
«Nunca en Colombia los jueces ha tenido facultades para adjudicar baldíos. Como premisa fundamental este país se construyó sobre el dominio de los bienes de la Nación y su consecuente administración por quien la representa: el gobierno nacional», explicó.
«Su forma de adjudicación ha estado reglada desde hace mucho, ley 97 de 1946, la reforma agraria de 1961, la reforma agraria de 1994 y hay amplio desarrollo conforme su reconocimiento constitucional de 1991», agregó.
Como primer argumento, Carvajalino enfatizó que los baldíos son propiedad de la Nación y que eliminar la facultad de adjudicación de la ANT significaría despojar al Estado del patrimonio más importante para dotar de tierras a campesinos, indígenas y comunidades negras.
Asimismo, defendió que la agencia mantenga la potestad de recuperar predios indebidamente ocupados. En segundo lugar, advirtió que judicializar los procesos de clarificación de la propiedad y deslinde —mecanismos vigentes desde 1961— solo entramparía el saneamiento de tierras, especialmente en casos donde no existen controversias ni oposiciones de terceros.
La titular de la cartera agraria también criticó los intentos de judicializar actos puramente administrativos, como la revocatoria de decisiones o la reversión de predios cuando no se cumplen los fines de la adjudicación, señalando que no se trata de un litigio entre particulares sino de la gestión pública de la Reforma Agraria.
Adicionalmente, defendió la autonomía de la nueva Jurisdicción Agraria consagrada en la Constitución, rechazando que se intente limitar su alcance únicamente a temas de tierras, pues el derecho agrario debe cobijar integralmente las actividades de producción, transformación y comercialización agropecuaria.
Finalmente, la ministra calificó como una «paradoja» que se pretenda judicializar toda la gestión agraria del Gobierno Nacional pero, al mismo tiempo, se dejen sin control judicial las decisiones cotidianas que toman los inspectores de policía locales sobre bienes rurales.
Carvajalino concluyó que el debate de la ley procesal agraria definirá si el país protege un régimen enfocado en la justicia social y el acceso a la tierra o si, por el contrario, se frena una reforma agraria que se ha intentado consolidar en Colombia durante más de 60 años.
/Colprensa.
