El procurador, Gregorio Eljach, denunció la instrumentalización de niños, niñas y adolescentes de la comunidad indígena Emberá Katío, durante las protestas del 29 de abril en las sedes del Ministerio del Interior, en el centro de Bogotá.
Los hechos difundidos en videos subidos a redes sociales que mostraron a adultos colocando a menores frente a los agentes de la Unidad de Diálogo y Mantenimiento del Orden (UNDMO), mientras más de 1.200 funcionarios y contratistas permanecieron retenidos por varias horas en los edificios Bancol y BIP.
Eljach se dirigió a las autoridades y gobernadores indígenas Emberá con un pronunciamiento en el que sostuvo que «la autonomía no debe superar los derechos fundamentales de los menores de edad» en el marco de sus protestas contra las instituciones, situación que, según indicó, afecta el restablecimiento de derechos y expone a los niños a todo tipo de vulneraciones.
El jefe del Ministerio Público pidió la intervención de organismos internacionales como la Cruz Roja y Unicef, exhortó a la institucionalidad a adelantar acciones de protección y restablecimiento de derechos para la niñez indígena afectada, y advirtió.
«No toleraremos más estos hechos contra la niñez indígena», sostuvo Eljach y añadió que la Procuraduría seguirá velando por los derechos de los menores a la vida, la educación, la salud y un ambiente sano, frente a las evidencias de mendicidad, trabajo infantil y exposición al alcohol y a sustancias psicoactivas.
El Procurador remitió además una carta de dos páginas a la fiscal general, Luz Adriana Camargo, en la que pidió abrir una investigación e individualizar a los miembros de la comunidad responsables de los hechos. En el documento planteó que los menores fueron expuestos a un riesgo inminente para su vida e integridad física al servir como instrumentos de coacción y escudos humanos durante los bloqueos en las vías públicas.
Las protestas comenzaron 15 días antes de los disturbios, cuando familias Emberá Katío asentadas en la Unidad de Protección Integral (UPI) La Florida bloquearon la sede Bancol del Ministerio del Interior y exigieron la instalación de mesas de trabajo sobre infancia y adolescencia, desarrollo económico, retorno, reubicación, permanencia en la ciudad y ayudas humanitarias.
El Ministerio convocó las mesas para los días 16, 17, 20 y 21 de abril, con participación de entidades nacionales y distritales. Durante esos espacios, la comunidad modificó sus pretensiones y se centró en el cambio de albergue. La cartera propuso gestionar inmuebles a través de la Sociedad de Activos Especiales (SAE), un proceso que puede tardar entre tres y seis meses, opción rechazada por los manifestantes que demandaban soluciones inmediatas.
El 28 de abril los voceros se retiraron del proceso de diálogo. Al día siguiente, a las 9:32 de la mañana, integrantes de la comunidad ingresaron a la fuerza al edificio Bancol y obstruyeron las salidas. Cerca de 1.300 personas quedaron atrapadas en los edificios Bancol y BIP, entre ellas mujeres embarazadas, adultos mayores y personas con complicaciones de salud que estuvieron varias horas sin ingerir alimentos.
Las imágenes que circularon en redes sociales mostraron a un hombre vestido de negro, con gorra de camuflaje y un objeto contundente en la mano, que tomó a un niño y lo colocó delante de él como barrera frente a los agentes de la UNDMO. Otros registros captaron a adultos pasando palos y piedras a los menores para que arrojaran objetos contra los edificios y figuraran en la primera línea de los enfrentamientos.
*Acciones del ICBF*
La directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), Astrid Cáceres, confirmó que la entidad radicó la denuncia formal por instrumentalización de menores y solicitó a la Policía poner a los niños afectados a disposición de las comisarías de familia y defensorías para el restablecimiento de sus derechos.
Cáceres precisó que, antes de los enfrentamientos, el ICBF ofreció a la comunidad alternativas de protección que incluían albergue, alimentación y acompañamiento para los menores, opciones que fueron rechazadas por los líderes de la movilización.
Sobre lo registrado en los videos, la funcionaria afirmó que se trata de «un delito y ya hemos puesto la denuncia». La directora también pidió al Gobierno no continuar con las mesas de diálogo mientras los líderes Emberá mantengan prácticas que vulneren los derechos de los menores.
El presidente, Gustavo Petro, rechazó los hechos a través de su cuenta en X y declaró: «Esto no lo admito. Los niños y las niñas son primero en la sociedad».
El ministro del Interior, Armando Benedetti, calificó la retención de funcionarios como un posible secuestro y señaló que cerca de 1.200 trabajadores del Ministerio, Bancolombia e Icetex no pudieron salir del lugar durante la jornada.
Benedetti agregó que la comunidad Emberá está dividida en al menos dos grupos, uno dispuesto al diálogo y una facción que protagonizó los episodios más agresivos, e indicó que la mesa de negociación exigida por los manifestantes no se instalará por el momento.
El secretario de Gobierno de Bogotá, Gustavo Quintero, sostuvo que los integrantes de la comunidad responsables de las acciones violentas deben responder ante la justicia ordinaria, mientras el Distrito recordó que ya denunció penalmente a dos líderes Emberá por la toma ilegal del albergue La Lupita, ocurrida el 27 de abril, donde dos funcionarios fueron retenidos en su interior.
Tras la intervención de la UNDMO, un menor Emberá resultó afectado y recibió atención en salud, y un adulto de la misma comunidad fue trasladado en ambulancia hacia un centro asistencial.
/Colprensa.
