En medio de manifestaciones sindicales a favor del Gobierno a las afueras del recinto y durante la instalación de la mesa técnica convocada por la Corte Constitucional para evaluar su presunto desacato sobre el cálculo de la Unidad de Pago por Capitación (UPC), el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, defendió los incrementos presupuestales asignados para la vigencia 2026, rechazó las acusaciones sobre una supuesta desfinanciación del sistema y denunció que distintos actores del sector se asocian para presionar alzas mientras acumulan deudas superiores a un billón de pesos con gestores farmacéuticos.
El funcionario compareció ante los magistrados para justificar la metodología empleada por el Ministerio de Salud en la asignación de recursos. Jaramillo explicó que el aumento de la Unidad de Pago por Capitación (UPC) para 2026 se fijó en 9,03 % para el régimen contributivo y en 16,49 % para el subsidiado.
Para demostrar que el Gobierno sí está invirtiendo, el ministro explicó que el presupuesto total para la salud creció a la mitad (un 50 %), llegando a 25 billones de pesos. Además, señaló que el dinero destinado específicamente para pagar la atención médica de cada ciudadano (la UPC) aumentó un 28 %, lo que equivale a 21 billones de pesos.
Durante su intervención, el jefe de la cartera sanitaria concluyó que el Gobierno actual destinó recursos superiores a los de administraciones anteriores al fijar aumentos por encima de la inflación. «Esto nunca se había hecho, no nos pueden decir que estamos marchitando», señaló el ministro frente a las críticas del sector.
Jaramillo contrastó las cifras actuales con las del mandato de Iván Duque, indicando que el gobierno anterior aumentó la asignación del régimen subsidiado en un 6,3 %, mientras que el actual la incrementó en 24,71 %. Con estos datos, determinó que las aseguradoras cuentan con los recursos necesarios para gestionar el riesgo en salud.
En otro segmento de la audiencia, el ministro cuestionó el comportamiento de los gremios del sistema de salud, a quienes señaló de actuar en bloque para exigir mayores recursos económicos. Apuntó a entidades como la Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral (Acemi), la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI) y la Asociación Nacional de Cajas de Compensación Familiar (Asocajas), afirmando que representan los mismos intereses y se benefician de las «puertas giratorias» entre las instituciones privadas y los ministerios.
«No podemos mirar que diferentes actores, supuestamente que parecen diferentes actores pero son los mismos, se confabulan para venir a pedir el aumento de la UPC», expresó el funcionario en el tribunal.
Para ilustrar las presuntas fallas administrativas de las Entidades Promotoras de Salud (EPS), el titular de la cartera expuso el caso de Sanitas y el gestor farmacéutico Cruz Verde. Jaramillo explicó que la EPS adeuda cerca de un billón de pesos a dicho proveedor, lo que provocará la suspensión en la entrega de medicamentos.
El ministro detalló que el 17 de septiembre de 2023 la deuda de Sanitas ascendía a 600.000 millones de pesos y, tras aumentar a un billón, los proveedores notificaron la interrupción del servicio de dispensación a partir del 20 de octubre. Asimismo, señaló a los gestores farmacéuticos por crear «situaciones complejas» en las que se declaran en quiebra mientras, de forma simultánea, construyen grandes infraestructuras clínicas en ciudades como Pereira.
*Origen del desacato*
La diligencia judicial de este 13 de abril de 2026 fue convocada por la Sala Especial de Seguimiento a la Sentencia T-760 de 2008 de la Corte Constitucional, presidida por el magistrado Carlos Camargo y conformada por Vladimir Fernández y Miguel Polo Rosero. El alto tribunal abrió un incidente de desacato contra Jaramillo mediante el Auto 2049 del 10 de diciembre de 2025.
La decisión se tomó tras identificar el incumplimiento de tres órdenes del Auto 007 de 2025: equiparar la UPC del régimen subsidiado al 95 % del contributivo, resolver las fallas del sistema de información de datos y demostrar la suficiencia financiera de la prima.
El Ministerio de Salud respondió el 18 de diciembre de 2025, solicitando el archivo del incidente. La cartera argumentó el cumplimiento de las órdenes tras expedir la Resolución 2605 de 2025 para equiparar los regímenes, anunciar la implementación de la factura electrónica validada por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) y reportar que la UPC de 2026 se calcularía con un estudio técnico independiente de la inflación.
Sin embargo, mediante el Auto 2061 del 19 de diciembre, la Sala negó archivar el proceso, concluyendo que las medidas anunciadas no producían un efecto inmediato al proyectarse para 2026.
La Corte Constitucional también rechazó las solicitudes probatorias presentadas por el Ministerio, que incluían exigir reportes a las EPS, exhibir los libros contables y ordenar un peritaje técnico. Los magistrados determinaron que la fijación de la UPC es una competencia exclusiva del Ministerio de Salud. Frente a esta determinación, el magistrado Vladimir Fernández aclaró su voto, señalando que la etapa probatoria debía mantener un carácter garantista y que la sostenibilidad del sistema no dependía de la mera expedición de actos administrativos.
*Asistentes a la mesa técnica*
La audiencia judicial reunirá a más de 20 entidades del sector público y privado. Por el Gobierno, además del ministro Jaramillo, asistieron el ministro de Hacienda, Germán Ávila; el director de la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (Adres), Félix León Martínez, y delegados del Departamento Nacional de Planeación y del DANE. Por los órganos de control intervendrán representantes de la Superintendencia de Salud, la Contraloría General de la República y la Procuraduría.
El sector gremial participará a través de voceros como Ana María Vesga de Acemi, Jorge Enrique Gutiérrez de Gestarsalud, Anwar Rodríguez de la ANDI, y representantes de Asocajas, Acesi, Afidro y Asinfar. Por parte de las instituciones prestadoras, intervino Juan Carlos Giraldo, director de la Asociación Colombiana de Hospitales y Clínicas (ACHC).
La sesión también contará con la participación de líderes de organizaciones de pacientes como Denis Honorio Silva, Linda Dayana Castro y Néstor Álvarez, junto a voces académicas de Augusto Galán y Carlos Felipe Escobar.
/Colprensa.
