La situación de seguridad y de Derechos Humanos en el departamento de Cauca sigue siendo crítica. Para 2024, se registraron 827 asesinatos, de los cuales 564 ocurrieron entre enero y agosto. Este año ya van 524.
Pero esa no es la única cifra que preocupa. Entre 2024 y los primeros 9 meses del 2025, 18 masacres ocurrieron en el departamento, asimismo, más de 100 mujeres fueron atendidas por ser víctimas del conflicto armado.
En relación con las desapariciones forzadas, fueron reportados 42 casos de desaparición forzada, 18 corresponden al año 2024 y 24 al año 2025, según datos de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas (UARIV). Popayán es el municipio donde más casos se registraron, con 31; le siguen Caldono con 7 y Miranda, Guapi, Corinto y Caloto con 1.
Sobre el desplazamiento forzado, la Defensoría del Pueblo identificó que de 105 eventos masivos en todo el país en 2024,16 se presentaron en el Cauca, afectando a más de 2.650 familias. En lo que va del 2025, la entidad ha registrado 14 eventos afectando a alrededor de 1.300 familias. A eso se suma más de 100 casos de confinamiento.
«La situación de derechos humanos y del DIH en el Cauca, se caracteriza por la continuidad de una grave
crisis humanitaria, originada principalmente por la presencia y los enfrentamientos entre distintos grupos armados no estatales, así como la incidencia de la criminalidad organizada. Estas estructuras, que actúan de manera permanente o intermitente, mantienen una disputa por el control de territorios estratégicos y de economías ilícitas, las cuales representan la base de su financiación», dice el informe.
En ese sentido, explica que operan la disidencia Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano (CNEB) —con la que ha habido avances en un diálogo de paz—, la disidencia Nuevo Estado Mayor Central (Nuevo EMC) y el Ejército de Liberación Nacional (ELN), a través de sus distintos frentes y estructuras. A ello se suma
la incursión en el departamento de carteles mexicanos, como Jalisco Nueva Generación y el Cartel de Sinaloa.
“Decidimos profundizar en las realidades del departamento, en su dolor, en las causas profundas de la violencia, y ofrecer un panorama actualizado sobre las vulneraciones a los derechos humanos y las infracciones al derecho internacional humanitario, identificando patrones de violencia, actores armados involucrados y, sobre todo, las respuestas institucionales, las que existen y las que todavía no han llegado”, aseguró la Defensora del Pueblo.
Por eso, la Defensoría pidió acelerar los procesos de titulación y restitución de tierras, respetando los derechos colectivos de comunidades campesinas, indígenas y afrodescendientes; consolidar estrategias interinstitucionales para desmantelar las economías ilícitas, con una coordinación efectiva entre el
Gobierno nacional, la fuerza pública y las comunidades.
En el ámbito de género y protección, pidió fortalecer la investigación de los casos de violencia sexual y feminicidio, ampliar las rutas de atención psicosocial, así como garantizar un enfoque étnico y diferencial en las políticas públicas, entre otras.
“El informe hace un llamado a redefinir la presencia del Estado en el Cauca desde la garantía efectiva de los derechos y no desde una lógica exclusivamente militar. Esto implica fortalecer la justicia, la educación, la salud, la autoridad civil y la infraestructura básica en las zonas rurales»-
/Colprensa
