La Corte Constitucional declaró en desacato al ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, por no cumplir con el pago de las deudas correspondientes a los presupuestos máximos del sector salud en 2022. La decisión fue tomada por la sala de seguimiento, aunque no estuvo exenta de controversia, ya que el magistrado Vladimir Fernández, exasesor jurídico del presidente Gustavo Petro, expresó su desacuerdo.
Fernández argumentó que las políticas de salud implican complejidades que requieren tiempo, acuerdos y consenso, lo que dificulta el cumplimiento inmediato de órdenes judiciales. Señaló que sancionar al ministro podría radicalizar el análisis constitucional, afectando la búsqueda de soluciones estructurales y coordinadas para garantizar el cumplimiento de las órdenes de la Corte.
En el fallo, se dio un plazo de 48 horas para pagar 819.000 millones de pesos y establecer una metodología para reajustar los presupuestos. Sin embargo, Fernández cuestionó la viabilidad de este plazo, destacando que los problemas de recaudo y las limitaciones presupuestarias no pueden resolverse de manera inmediata. Además, sugirió que la decisión de la Corte podría desviar los esfuerzos necesarios para garantizar la sostenibilidad del sistema de salud y el cumplimiento efectivo del derecho fundamental a la salud.
