Rodrigo Londoño, ‘Timochenko’, Rodrigo Granda, y otros firmantes del Acuerdo de Paz pidieron a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) requerir a la Unidad Especial de Investigación que, en un plazo de 60 días, informe sobre los avances para identificar a los autores intelectuales de los asesinatos y otros crímenes contra firmantes del Acuerdo.
Asimismo, solicitaron que el Gobierno explique cómo garantizará la representación de quienes firmaron el pacto y convoque, antes del 15 de diciembre, las instancias de seguridad que “llevan meses sin sesionar”.
En su intervención, durante la audiencia nacional de seguimiento a las medidas cautelares de protección, Londoño advirtió que, a casi diez años de la firma del Acuerdo, los firmantes siguen siendo víctimas de asesinatos, amenazas y desplazamientos, mientras varias de las medidas ordenadas para protegerlos no se cumplen.
“No nos mataron en la guerra y construyendo la paz nos están matando” (-…) Al Estado no le pedimos que nos regale nada. Le pedimos que nos respete y que no estigmatice nuestra decisión de construir paz”, afirmó.
Entre las solicitudes concretas, Londoño pidió que el Ministerio de Defensa y el Comando Conjunto Estratégico de Transición expliquen cómo protegerán a los firmantes que permanecen en los antiguos espacios territoriales de capacitación y reincorporación (ETCR), en las nuevas áreas de reincorporación y a quienes cumplen sanciones propias impuestas por la JEP.
Asimismo, pidió al Ministerio del Interior y a la Unidad de Implementación del Acuerdo, informar qué medidas adoptarán para enfrentar la estigmatización contra los firmantes, con indicadores que permitan medir sus resultados, y solicitó a la Unidad Nacional de Protección (UNP) un informe sobre las solicitudes de protección pendientes y las medidas adoptadas frente a los casos puntuales de Sandra Ramírez y de Camila Carreño, hija del firmante Carlos Alberto Carreño, quien, según relató, fue amenazada en Medellín.
Según las cifras presentadas por Londoño, de 427 casos de homicidio, tentativa de homicidio y desaparición forzada, apenas 63 habían llegado a una sentencia condenatoria, de acuerdo con información de la Unidad Especial de Investigación.
El excomandante señaló que, aunque este año se redujeron los homicidios, las tentativas aumentaron un 75%, por eso, pidió que la Unidad Especial de Investigación entregue, en un plazo de 60 días, un informe sobre sus resultados frente a los determinadores de estos crímenes.
“No queremos estar aquí eternamente hablando de la guerra. Cumplimos nuestra palabra y vinimos a construir la paz. No nos mataron en la guerra, no permitan que nos maten en la paz”, concluyó.
Por su parte, Rodrigo Granda cuestionó que la Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación a la Implementación del Acuerdo (CSIVI) no haya sido convocada y advirtió que otras instancias, como el componente de alto nivel del Sistema Integral de Seguridad para el Ejercicio de la Política, tampoco han sesionado durante el actual Gobierno.
De acuerdo con lo expuesto en su intervención, con corte al 3 de noviembre de 2026, solo cuatro municipios habían reportado la adopción del Plan Estratégico de Seguridad y Protección, y ninguna gobernación había acreditado su implementación, por lo que pidió que el próximo Plan Nacional de Desarrollo garantice “objetivos, metas y financiación para la seguridad, protección y reincorporación”.
“No estamos solicitando privilegios. Estamos exigiendo las garantías que hicieron posible nuestra decisión de abandonar la confrontación armada”, sostuvo.
Diana María Viloria, delegada de Comunes ante el Consejo Nacional de Reincorporación, pidió que las medidas de protección incluyan las condiciones económicas y sociales necesarias para que los firmantes puedan permanecer en sus territorios y continuar sus proyectos de reincorporación.
Viloria informó que, según el Consejo Nacional de Reincorporación, 516 firmantes han sido asesinados desde la firma del Acuerdo, 13 de ellos durante 2026. También señaló que la Fiscalía reporta más de 1.940 amenazas, de las cuales por lo menos 201 están dirigidas contra mujeres.
Según las cifras expuestas por Viloria, a septiembre de 2026 los programas de reincorporación integral registraban solo un 15,4% de acciones cumplidas, mientras que el 74,4% ni siquiera había comenzado. Además, indicó que el 83,2% de los firmantes vive fuera de los antiguos ETCR, donde, según dijo, la protección y la oferta institucional tienen una presencia limitada.
Ante esta situación, pidió a la JEP requerir a la Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN), al Departamento Administrativo de la Presidencia y a la Unidad de Implementación del Acuerdo para que, en 15 días, informen cuándo convocarán al Consejo Nacional de Reincorporación y al comité ejecutivo del Sistema Nacional de Reincorporación.
También solicitó que, antes del primero de diciembre, el Gobierno y la ARN expliquen cómo garantizarán durante 2027 la continuidad de los programas de reincorporación y las asignaciones mensuales.
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