Las denuncias conocidas sobre presuntos contratos públicos que habrían sido entregados a cambio de favores sexuales al expresidente Gustavo Petro abrieron un debate sobre las posibles responsabilidades penales y las implicaciones institucionales de los hechos. Mientras las autoridades avanzan en la verificación de los señalamientos, también surgieron interrogantes sobre la posibilidad de investigar la conducta de un exmandatario y las competencias de la justicia.
En entrevista con La FM Fin de Semana, el exmagistrado Jaime Arrubla Paucar, expresidente de la Corte Suprema de Justicia, explicó los escenarios jurídicos que podrían presentarse. El abogado sostuvo que la vida privada de quien ocupa la Presidencia puede tener relevancia pública cuando compromete la dignidad del cargo o involucra posibles delitos relacionados con el uso de recursos del Estado. No obstante, recalcó que las acusaciones deben probarse y que Petro conserva la presunción de inocencia.
¿Puede investigarse a Petro por indignidad después de dejar la Presidencia?
Arrubla señaló que la conducta de un presidente no puede analizarse exclusivamente como un asunto privado, debido a las responsabilidades que implica ejercer la jefatura del Estado. “La vida privada de un presidente de la República no es tan privada”, afirmó, al explicar que quien ocupa ese cargo debe dar ejemplo ante el país.
El exmagistrado indicó que, si se demuestra que se utilizaron contratos públicos para beneficiar a terceros a cambio de servicios sexuales, podría configurarse un posible peculado en favor de terceros. Sin embargo, aclaró que se trata de una hipótesis que debe ser investigada y respaldada con pruebas.
«Esto es aterrador, esto es una cosa gravísima. (…) Cuando un presidente está en ejercicio de sus funciones, le corresponde un antejuicio ante el Congreso que empieza con la comisión de acusaciones de la cámara, si encuentra mérito, acusa ante la plenaria y si la plenaria encuentra mérito, eso se va ante el Senado y es el Senado el que le toca levantar la dignidad presidencial, acusándolo de indignidad», afirmó.
También explicó que el procedimiento depende de si las conductas denunciadas ocurrieron durante el ejercicio de las funciones presidenciales y de su relación con estas. Cuando un mandatario está en el cargo, el proceso comienza en la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes y puede avanzar hacia la plenaria y el Senado.
Sobre la situación actual del expresidente, Arrubla precisó que la terminación del periodo presidencial implica, en principio, la pérdida del fuero, pero existe una excepción cuando los posibles delitos se cometieron durante el ejercicio de sus funciones.
“La Constitución dice muy claro: terminado el cargo, terminado el fuero”, explicó. Sin embargo, añadió que, si los hechos investigados tienen relación con las funciones presidenciales, el Congreso podría conservar competencia para adelantar el procedimiento y, si hay mérito, el caso llegaría a la Corte Suprema de Justicia, juez natural del presidente.
Si las conductas no tienen relación con el ejercicio del cargo, la investigación correspondería a la Fiscalía y a los jueces penales competentes, como sucedería con cualquier ciudadano.
Testimonios y contratos: las pruebas que deben evaluar los jueces
Otro de los puntos abordados fue el valor probatorio de conversaciones de WhatsApp, perfiles en redes sociales y testimonios. Arrubla sostuvo que la valoración corresponde a los jueces, pero destacó la importancia de la declaración de la mujer que denunció haber recibido contratos a cambio de favores sexuales.
“Hay una prueba mayor, que es una prueba testimonial”, señaló. Según explicó, la denunciante afirma tener otros elementos para respaldar su versión, los cuales deberán ser examinados dentro de la investigación.
El abogado insistió en que el expresidente mantiene la presunción de inocencia y que ninguna persona puede ser condenada sin pruebas suficientes y una decisión judicial.
Además, advirtió que las eventuales responsabilidades no se limitarían al exmandatario. Funcionarios que hubieran facilitado contratos con recursos públicos y personas que conocieran el propósito de esos pagos también podrían ser investigados, dependiendo de lo que logren establecer las autoridades.
“La plata del Tesoro Nacional es sagrada”, enfatizó Arrubla, al recordar que los recursos públicos deben destinarse exclusivamente a los fines autorizados por el presupuesto y no pueden utilizarse para pagar servicios particulares.
La investigación deberá establecer qué ocurrió, quiénes participaron y si existieron delitos. Por ahora, los señalamientos siguen bajo verificación y cualquier responsabilidad deberá determinarse por las autoridades judiciales.
Bloque de preguntas y respuestas
¿Puede Gustavo Petro ser investigado por presuntos contratos públicos a cambio de favores sexuales?
Sí. Según el exmagistrado Jaime Arrubla Paucar, los señalamientos deben ser examinados por las autoridades para establecer si se utilizaron recursos públicos con el propósito de beneficiar a terceros. El abogado explicó que, si se demuestra esa conducta, podría configurarse un posible peculado en favor de terceros. Sin embargo, aclaró que se trata de una hipótesis que requiere pruebas.
¿Quién puede investigar a Gustavo Petro después de dejar la Presidencia?
La competencia depende de si los hechos denunciados tienen relación con el ejercicio de sus funciones presidenciales. Si existe ese vínculo, según Arrubla, el Congreso podría conservar competencia para adelantar el procedimiento y, si hay mérito, el caso llegaría a la Corte Suprema de Justicia. Si las conductas no están relacionadas con el cargo, la investigación correspondería a la Fiscalía y a los jueces penales competentes.
¿Gustavo Petro conserva el fuero presidencial después de dejar el cargo?
En principio, el fuero termina cuando finaliza el periodo presidencial. Arrubla recordó que la Constitución establece: “Terminado el cargo, terminado el fuero”. No obstante, explicó que existe una excepción cuando los posibles delitos investigados se cometieron durante el ejercicio de las funciones presidenciales y tienen relación con ellas.
¿Qué papel tiene la Comisión de Investigación y Acusación en un proceso contra un presidente?
Cuando un mandatario está en ejercicio, el procedimiento comienza en la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes. Según explicó Arrubla, el proceso puede avanzar hacia la plenaria y el Senado. Si se cumplen las condiciones para continuar, el caso puede llegar a la Corte Suprema de Justicia.
¿Qué pruebas podrían utilizarse para investigar los presuntos contratos a cambio de favores sexuales?
Entre los elementos que podrían evaluarse están las conversaciones de WhatsApp, los perfiles en redes sociales y los testimonios. Arrubla destacó especialmente la declaración de la mujer que denunció haber recibido contratos a cambio de favores sexuales y señaló que ella afirma contar con otros elementos para respaldar su versión. La valoración de esas pruebas corresponde a las autoridades judiciales.
¿Qué otros funcionarios podrían ser investigados por los presuntos contratos?
Las eventuales responsabilidades podrían alcanzar a funcionarios que hubieran facilitado la entrega de contratos con recursos públicos y a personas que conocieran el propósito de esos pagos. Según Arrubla, la investigación deberá establecer quiénes participaron y si sus actuaciones constituyeron delitos.
/la fm
