La Corte Constitucional convocó para el próximo 13 de noviembre una audiencia pública para examinar cómo Bogotá garantizará la participación y los derechos de los recicladores de oficio en el nuevo esquema de prestación y contratación del servicio público de aseo.
De acuerdo con la información entregada por el alto tribunal, la audiencia se realizará entre las 8:00 de la mañana y la 1:00 de la tarde en el Palacio de Justicia y contará con representantes de organizaciones de recicladores, entidades del Gobierno nacional y distrital, así como organismos de vigilancia y regulación.
Uno de los principales asuntos que examinará la Corte es cómo se garantizará que los recicladores puedan acceder al material aprovechable, continuar desarrollando su actividad y recibir una remuneración justa, cierta y oportuna.
También revisará los posibles efectos económicos y operativos del nuevo marco regulatorio sobre las organizaciones que trabajan en el aprovechamiento de residuos.
La convocatoria es parte del seguimiento que hace el alto tribunal a la Sentencia T-724 de 2003, en la que la Corte encontró que el Distrito había desconocido su obligación de adoptar medidas especiales para garantizar la participación de los recicladores en la prestación del servicio público de aseo, por lo que le ordenó tener en cuenta sus derechos en futuras contrataciones.
Desde 2010, la Corte asumió de manera excepcional la verificación del cumplimiento de esa sentencia y ha revisado que las medidas de protección se incorporen en los procesos de contratación y en los procedimientos administrativos relacionados con el servicio de aseo en Bogotá.
Entre los convocados están representantes de la Asociación de Recicladores de Bogotá (ARB), la Asociación Nacional de Recicladores, ECOALIANZA, la Unión Nacional Independiente de Recicladores y la Entidad Medioambiental de Recicladores.
También fueron citados el Ministerio de Vivienda, la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico, la Secretaría Distrital del Hábitat, la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos, la Procuraduría y la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios.
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