La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) autorizó que la excongresista Sandra Ramírez comparezca de manera virtual este miércoles a la diligencia de versión voluntaria por el Caso 07, luego de que la Unidad Nacional de Protección corroborara que la compareciente enfrenta un riesgo extremo.
De acuerdo con el auto del despacho relator del Caso 07, la decisión fue tomada luego de estudiar no solo la petición de la defensa de Ramírez, sino también una solicitud subsidiaria presentada por la representación de una de las víctimas, que pidió que la diligencia se realice “de manera oral por videoconferencia, desde un lugar que ofrezca las condiciones de seguridad necesarias, garantizando la participación de las víctimas y del Ministerio Público”.
Dicha decisión fue soportada por la magistrada Lily Rueda durante la rueda de prensa sobre los avances del Caso 07, en la que explicó que, aunque se priorizaron las garantías de seguridad de Ramírez, la Jurisdicción no aceptó la propuesta de la defensa de recibir las respuestas por escrito, pues “valoramos la necesidad de oralidad en una hipótesis tan delicada, tan compleja que necesitamos profundizar con ella”, afirmó.
Rueda explicó que “es apenas razonable poder dar garantías de seguridad y protección”, dado que el riesgo extremo que enfrenta la compareciente implica amenazas y posibles atentados contra la vida y la integridad con una naturaleza “grave e inminente”. “No hay un riesgo más alto de seguridad en el país”, sostuvo.
De acuerdo con lo señalado por la magistrada, el hecho de que Ramírez este siendo llamada a declarar apenas en esta etapa de la investigación del Caso 07, responde a que la Sala recibió el año pasado información de dos víctimas sobre la posible responsabilidad de Ramírez en hechos de violencia cometidos dentro de las filas de las Farc.
A partir de esos relatos, la Sala adelantó entrevistas y contrastó la información con el material del expediente del Caso 07 que lleva más de cinco años de trabajo nacional y regional, siendo esta última fase, la que recoge los hechos por los que presuntamente sería responsable la excongresista.
“Llegamos a este punto en donde hay una hipótesis de posible responsabilidad que es diferente a la que hemos trabajado hasta ahora y que tiene unos referentes particulares que es esta información que nos llega hacia final del año del año pasado”, sostuvo la magistrada Rueda.
Ramírez fue citada a rendir versión voluntaria el pasado 18 de septiembre por su presunta participación en prácticas de violencia sexual y reclutamiento y utilización de niñas y niños durante el conflicto armado.
En dicha diligencia que se llevará a cabo hoy cuatro de noviembre, Ramírez deberá explicar las funciones que desempeñó, su eventual capacidad de influencia o “poder de facto” y su posible conocimiento o intervención en los hechos investigados dentro de la extinta guerrilla.
Uno de los elementos que la JEP analizará es la relación que Ramírez mantuvo con Pedro Antonio Marín Marín, conocido como «Manuel Marulanda Vélez» o «Tirofijo», fundador y máximo comandante de esa organización guerrillera, quien fue su pareja.
La Sala busca establecer si esa cercanía, junto con las funciones y responsabilidades que tuvo dentro de la organización, le otorgaron una posición de poder o capacidad efectiva de influencia sobre otros integrantes de las filas y cuál habría sido su alcance.
El llamado de Ramírez a comparecer es, en parte, una respuesta a las constantes solicitudes de la Federación de Víctimas del Terrorismo en Colombia (Fevcol), que en abril de este año pidió a la Jurisdicción impulsar la investigación, argumentando que las denuncias en su contra eran de extrema gravedad y que existían riesgos para víctimas y testigos.
Entre las víctimas que habían solicitado que Ramírez fuera incluida en el Caso 07 está Deisy Dorelly Guanaro, quien fue reclutada por las Farc cuando era niña y está acreditada ante la JEP. Guanaro aseguró públicamente que llevaba cerca de un año solicitando que Ramírez fuera vinculada a la investigación.
En ese sentido, la Sala ordenó trasladarle información aportada por víctimas acreditadas que han hecho referencia a ella, así como demandas de verdad, debidamente anonimizadas, relacionadas con las victimizaciones ocurridas en el Bloque Oriental, estructura de las Farc a la que presuntamente perteneció.
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